La obstrucción de la pista del aeropuerto de Guayaquil, ¿quién la ordenó?

Dicen que la cuerda se rompe por el lado más delgado. Tras la desvinculación de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, de la investigación que se abrió por la obstrucción de la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo (JJO), ¿hacia dónde y a quiénes apunta la indagación para esclarecer un hecho que trascendió a nivel mundial, en plena pandemia por la COVID-19?

La fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, quien investigó el caso por el fuero de Corte que goza Viteri, manifestó -en un requerimiento que hizo EXPRESO- que el expediente fue remitido a la oficina de sorteo del Servicio de Atención Integral (SAI) para que se continúe con la sustanciación, dado que sigue en investigación previa; y que, por la reserva del caso, no es procedente dar declaraciones al respecto.

El expediente pasa a manos de un fiscal de la Unidad de Personas y Garantías, quien deberá determinar si hubo o no el delito de obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias, y quiénes son los responsables intelectuales y materiales del hecho.

Aunque la primera autoridad municipal fue desligada de la indagación fiscal por no tener participación en los hechos investigados, pese a que -en su momento- se responsabilizó de haber enviado vehículos de la entidad a la terminal aérea para impedir el aterrizaje de un avión que llegaba a recoger pasajeros de otros países, cabe preguntar:¿quién dio la orden para que más de una decena de carros municipales se desviaran de su recorrido y ‘aparecieran’ en la pista del JJO? ¿Quién está en potestad de hacerlo? ¿De qué departamentos municipales eran esos vehículos? ¿Quién administra o controla esos carros? ¿Quiénes condujeron esos automotores hasta la pista del aeropuerto?

Andrés Roche, quien se desempeñaba en ese entonces como gerente general de la Agencia de Tránsito Municipal (ATM), fue uno de los funcionarios municipales que estuvo en el sitio. Según recuerda, la tarde del 18 de marzo de 2020 acudió al aeropuerto JJO luego de recibir una llamada telefónica de su superior (la alcaldesa) para que “verifique” alguna situación irregular en la terminal aeroportuaria que, en esa fecha estaba cerrada ante la grave situación sanitaria que se vivía, en particular, en el Puerto Principal.

“Ella me dijo que verifique porque supuestamente los aeropuertos estaban cerrados y que había presencia de extranjeros y que un avión estaba viniendo acá (...) Cuando llegué  ya me encontré con camionetas de la Municipalidad que estaban ingresando en un gran número a las instalaciones de la plataforma del aeropuerto”, recuerda el exfuncionario.

Añade que cuando pasó por la calle anexa a la parte de los ‘counters’ vio a muchos extranjeros sentados en una vereda que estaban en alguna situación que no conocía. Tras contactar al general Luis Lalama, director de la ATM, y a otros funcionarios, cuenta que pidió explicaciones de lo que estaba pasando. Luego llamó al gerente de la concesionaria del aeropuerto, quien le indicó que el avión (al que supuestamente se pretendía impedir su aterrizaje) ni siquiera estaba en territorio ecuatoriano y que no estaba destinado a aterrizar en Guayaquil. “Eso se informó a la alcaldesa y se retiraron todos los vehículos”.

Roche asegura que él no dio la orden para que se movilicen esos vehículos. “(...) Yo mandaba en la ATM y no en las otras direcciones de Guayaquil”, asentó, al recordar que en el sitio también estaban presentes directores de otras áreas como la Metropolitana, de Mercado y Aseo Urbano.

Como abogado, el exfuncionario considera que no hay delito “porque el avión no estaba en una aproximación de aterrizaje, esas camionetas del Municipio no han impedido un aterrizaje, por lo tanto, no se ha configurado un delito. El avión ni siquiera estaba en espacio aéreo ecuatoriano”.

El detalle

Control. La decisión de la fiscal provincial pasó, por disposición superior a control jurídico de la Fiscalía General del Estado, para una revisión.