La odisea de Ecuador en 2025: seleccionar a jueces que hagan cumplir la ley
El reto de la Corte Nacional es tener nuevas autoridades que no estén contaminadas por intereses políticos
La justicia en Ecuador ha enfrentado desafíos y problemas en los últimos años. Esta crisis se hace palpable en la Corte Nacional de Justicia, que desde 2019 trabaja de forma incompleta y cuyos jueces (una docena de ellos) han sido mencionados en los casos de corrupción judicial que marcaron 2024.
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Las tareas de la Corte para el 2025
¿Qué pasará con la Corte Nacional en este nuevo año? Para su presidente (e), José Suing, el primer paso es nombrar a los nuevos jueces. A su criterio, ese sería el inicio de una etapa de institucionalización.
El problema es que la selección de esos jueces pasa por las manos de un Consejo de la Judicatura que siempre ha operado con una lógica político-partidista, dice el constitucionalista André Benavides.
“El concurso de jueces de la Corte Nacional no ha estado ajeno a la injerencia política del Consejo de la Judicatura y de otras funciones del Estado. Vimos lo que pasó con el señor Wilman Terán, que quería nombrar a jueces que respondieran a sus intereses, y ahora vemos que la designación de Mario Godoy también respondía a la misma lógica política”.
El concurso de jueces requiere correcciones
Para Benavides, hay otros problemas que en este 2025 deben corregirse para conseguir una Corte Nacional con jueces que en verdad sean garantes de los derechos constitucionales de las personas y aseguren que las leyes se cumplan y prevalezcan por sobre la voluntad del poder público o privado.
El primero es reformar el reglamento para el concurso. El segundo, que se corrijan los procesos de selección de las empresas encargadas de las pruebas de confianza o de honestidad.
Los concursos para la Corte Nacional de Justicia se componen de fases como de méritos, oposición e impugnación ciudadana. En la fase de méritos, los aspirantes logran acciones afirmativas que se traducen en puntos por “reconocimientos” que no tienen ninguna relevancia. Por ejemplo, los puntos que recibió Terán “por su gran gestión como defensor de los derechos de la niñez y adolescencia y por su inclaudicable labor en la promoción y defensa de los derechos humanos en Ecuador”.
Sobre este punto, Yolanda Yupangui, vocal de la Judicatura, reconoce que hace falta una verdadera carrera judicial en el país, que garantice el ingreso a través de un concurso, permita el crecimiento profesional según las categorías y garantice la independencia de las autoridades.
Desde su vocalía, Yupangui impulsa el programa Data Analyzer, uno de los proyectos que promueven un modelo de transparencia, pues mide el desempeño de jueces, secretarios y demás servidores judiciales de una forma técnica.
La vocal Solanda Goyes indica que ella trabaja en un proyecto de reglamento para el concurso de 2025. Este trabajo tiene cuatro aspectos. El primero es que se convoque a las universidades para que acompañen el proceso; segundo, que se realice un debate nacional sobre las reglas a priorizar en los perfiles para jueces nacionales; tercero, que haya un reconocimiento de los juristas que están avalados por universidades de alto prestigio; y finalmente, que se fortalezcan los parámetros de probidad para verdaderas pruebas de confianza.
Más allá de estas ideas, será la nueva Judicatura la que podrá ponerlas en marcha y nombrar la nueva Corte Nacional.
Una evaluación transparente
La Corte Constitucional, en su fallo 37-19-IN/21, sobre la evaluación de los jueces de la Corte Nacional en 2019, indicó que la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito recomienda que una buena evaluación del desempeño de los jueces debe estar enfocada en aumentar la cantidad y calidad de la información pública sobre el funcionamiento de la justicia a la que puede acceder la población.
“La difusión de los datos al público, incluidos el análisis y las conclusiones de la evaluación, aumentará la responsabilidad y la transparencia de los tribunales”.
Para este 2025, la Judicatura intentará evaluar a los jueces.
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