La oferta laboral ahora incluye a los convictos

Óscar Chávez ahora mantiene una pequeña esperanza para encontrar un empleo y que su pasado tras las rejas no sea un impedimento más para ser contratado; sin embargo, se mantiene consciente de su realidad: “Si los que no tienen un historial delictivo no encuentran un trabajo así nomás, ahora imagínese si se enteran de que uno pasó en la cárcel”, lamenta Chávez.

Desde el pasado 7 de julio entró en vigencia el acuerdo entre el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) y el Ministerio del Trabajo para que 5.743 personas con los beneficios penitenciarios de la prelibertad como régimen semiabierto o abierto (no aplica para quienes tienen libertad por recursos presentados como el habeas corpus) sean parte de la oferta laboral de la plataforma encuentraempleo.trabajo.gob.ec durante los siguientes dos años.

Su historial delictivo y su condena no serán expuestos públicamente, pero sí serán entregados al Ministerio de Trabajo, que se encargará de comunicarlo a las empresas para registro y los seguimientos de los perfiles de contratación divididos por edad, discapacidad u otra clasificación o rango. Sin embargo, desde la firma del convenio ni un solo convicto ha sido contratado.

Diario EXPRESO solicitó una entrevista con el encargado del tema en el Ministerio del Trabajo, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta; así también, no atendió los pedidos de información para conocer si existe una socialización en las empresas, incentivos o más acciones para las instituciones que decidan darle una segunda oportunidad a los condenados.

El penalista Julio César Cueva cuestiona la presentación de la propuesta con cabos sueltos y califica como un grave problema para la verdadera rehabilitación, debido a la inexistencia de reglas claras y de protección como las cláusulas de confidencialidad en los contratos para evitar discriminación.

“Las empresas no se van a meter porque no quieren ingresar en su nómina a alguien que haya sido condenado por robar, estafar, matar o violar, etcétera, las sociedades del mundo son así. Pero para aceptar eso, las empresas van a desear por lo menos un incentivo tributario como para que algo les convenga. A menos, que exista una ley como en el tema de la discapacidad, que exige un porcentaje de personas contratadas, sino nadie lo va a hacer”.

Cueva resalta que se trata de un problema social más que legal, porque se debe trabajar en el enfoque de Derechos Humanos, pero esa aceptación se lesiona cuando en el país se identifica la falta de una verdadera rehabilitación social.

“Hay muchos vacíos todavía, sino quedará en buena intención y cuando la persona no vea resultados, ¿qué va a hacer? Delinquir porque le resulta más fácil y rentable, y ahí vuelve el círculo vicioso. Caemos en la quimera de la rehabilitación social en Ecuador”.

Por su lado, el SNAI se defiende y argumenta que hay un seguimiento por parte de la Dirección de Reinserción de la institución para el acompañamiento psicológico; y agrega, que los jueces determinan el beneficio penitenciario y si está apto para laborar. Pero en caso de tener un comportamiento inadecuado o cometa un delito, el beneficio es revocado.

“Si no cumple los ejes, laborales, comunitarios, sociales, personales y familiares, cuando se cumpla el 100 % de la pena, se emite un informe desfavorable para la boleta de excarcelación y se extiende la pena según lo determine el juez. En el momento del mal comportamiento interviene Fiscalía y Policía Nacional para ponerlo a órdenes de las autoridades competentes”, expuso Luis Poma, director de Reinserción y de Medidas no Privativas de Libertad del SNAI.

Todos los reos, de todos los delitos que tengan beneficios penitenciarios, pueden participar del programa, pero los servicios profesionales ocupan apenas el 2,5 %, es decir, 143 personas de las más de 5.700. El resto conoce de oficios tales como: limpieza, panadería, carpintería, entre otros.

La reinserción laboral y atención psicológica son recomendaciones urgentes que han realizado los organismos internacionales y nacionales al sistema de administración carcelaria y al Estado ecuatoriano como tal y fue, además, un requisito de los reos para avanzar en los procesos de paz.

El requerimiento lo hicieron a inicios de marzo, pero ya en abril ocurrió la primera masacre de 2022 en la cárcel de Turi en Azuay y luego hubo otras dos en mayo y junio, respectivamente, en la cárcel 1 de Santo Domingo, acumulando 76 víctimas en los tres hechos sangrientos en lo que va del año.

• Beneficios penitenciarios

Guayas tiene más favorecidos

Hasta junio de 2022 en Ecuador se han emitido un total de 5.743 boletas de excarcelación por beneficios penitenciarios. De ese total, apenas 431 corresponden a la población femenina del país, es decir, el 7,5 % de este segmento de la sociedad. Los 5.314 restantes son población masculina, según la información proporcionada por el SNAI.

En la provincia de Guayas se han entregado 1.604 documentos, le sigue Pichincha con 788 boletas entregadas y de ahí Manabí con 517 papeles que ordenan la puesta en libertad. No obstante, el Consejo de la Judicatura informó a Diario EXPRESO que en 2021 se emitieron un total de 12.605 boletas de excarcelación en todo el país por beneficios penitenciarios.