El oficialismo cede terreno a cambio de impulsar sus leyes económicas urgentes
Acuerdo entre correístas, socialcristianos y oficialistas se ‘pegó’ en cinco aristas. Juicio a la fiscal Salazar quedó fuera, al menos en el discurso
Alejando del discurso posturas y aspiraciones incómodas. Al menos, cinco son los puntos que sirvieron de adhesivo para que la Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC) y la bancada oficialista denominada Alianza Democrática Nacional (ADN) lleguen como un bloque de mayoría a la primera sesión del pleno de la Asamblea Nacional, tal como fue confirmado el 13 de noviembre de 2023.
De entrada está la elección de la mesa directiva de la Función Legislativa. Más de 90 votos hay para la elección de Henry Kronfle (PSC) como presidente del organismo. La primera vicepresidencia la reclama el correísmo y la segunda ADN. Viviana Veloz sería la opción de RC.
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Este primer consenso incluye tomar el control del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y de la mayoría de las 15 comisiones permanentes. Las más apetecidas: Fiscalización, Justicia y las dos que abordan temas económicos. Correístas y oficialistas van con todo por estas últimas.
No sé por qué tanto temor a un juicio político si es la oportunidad de decir, durante el proceso, qué se ha hecho y qué no se ha hecho. Es una función de la Asamblea.
A ADN le interesa ser parte de esta alianza para impulsar los dos proyectos urgentes en materia económica que enviará el presidente electo, Daniel Noboa, en cuanto asuma el mando. Uno será sobre temas tributarios y el otro sobre el sector energético, que será declarado en emergencia por la administración entrante.
“Necesitamos un acuerdo nacional multipartidista en la Asamblea en el que cada uno de los movimientos tenga representación y eso estamos buscando para que las leyes económicas urgentes de nuestro presidente puedan ser realidad”, justificó Valentina Centeno, jefa de la bancada de ADN.
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La asambleísta Pierina Correa agregó más motivos para este “acuerdo programático”. Dijo que en los diálogos se consensuó la necesidad de impulsar normativa en materia de seguridad, turismo, reactivación y una reforma laboral cuya construcción quedó inconclusa en la Asamblea disuelta y en la cual el gobierno saliente de Guillermo Lasso nunca participó.
Kronfle ya habla en tono de presidente, aunque dice que los nombres no importan sino que se fomente el diálogo, porque el país no quiere más conflictos y problemas. “Tiene que acabar ese país en el que el Congreso se pelea con el presidente y el presidente con el Congreso. Se necesita diálogo permanente”, dijo el legislador cuya bancada impulsó el juicio político contra Guillermo Lasso.
Kronfle es un buen precandidato, personalmente creo que está capacitado (...) comparte la visión que tenemos sobre la relación Ejecutivo y Legislativo.
Del juicio político a la fiscal del Estado, Diana Salazar, como parte de los diálogos, tal como exigía que se reconozca el expresidente Rafael Correa, nadie se quiere hacer cargo. Ni correístas ni sus nuevos aliados. “Entiendo que no es parte del acuerdo”, dijo Marcela Holguín; “el tema quedó fuera”, secundó Pierina Correa.
Según ADN, el acuerdo alcanzado con RC y PSC no rebasará las líneas rojas que se han autoimpuesto. “No vamos a aceptar ningún tipo de corrupción, tampoco impunidad y un juicio contra la fiscal no será apoyado desde la bancada del oficialismo”, agregó Centeno.
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Sin embargo, para Patricio Carrillo, asambleísta electo por Construye, organización que se quedó fuera de cualquier acuerdo, es difícil creer que se pueda lograr esa unión “sin lavar la cara” a ciertos actores que estarían involucrados en actos irregulares. “Somos un partido antimafia”, señaló para justificar el no estar en esa mayoría, aunque dejó abierta la puerta para conversar con el oficialismo.
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