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El TCE nació con la Constitución de Montecristi de 2008.
El TCE nació con la Constitución de Montecristi de 2008.Foto: René Fraga/ Expreso.

El peligroso precedente del TCE con Verónica Abad: ¿Hasta dónde llega su poder?

El Contencioso Electoral marcó un precedente peligroso. Su alcance está en discusión ante su uso político

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se ha convertido en el centro de la disputa política, con denuncias provenientes de diversas fuerzas políticas que buscan dirimir sus conflictos.

Sin embargo, la sentencia relacionada con la pérdida de los derechos políticos de la vicepresidenta Verónica Abad marca un precedente peligroso y evidencia un poder que, hasta el momento, parece inobjetable.

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El actual TCE es el primero en dejar fuera a una funcionaria cuyo rango solo es superado por el del presidente de la República. En la práctica, la pérdida de los derechos políticos de Abad derivó en su imposibilidad de ejercer el cargo, y esa decisión ha puesto en el centro del debate el alcance de esta institución.

El Contencioso Electoral nació con la Constitución de Montecristi en 2008. Es parte de la Función Electoral, una de las cinco que conforman el Estado. Antes de este cambio en la carta política, el país contaba con el Tribunal Supremo Electoral.

La vicepresidenta Verónica Abad permanece en Turquía.
La vicepresidenta Verónica Abad.Foto: Archivo / Expreso.

Actualmente, los cinco jueces que conforman el TCE son seleccionados mediante un concurso público de méritos y oposición, organizado por otro organismo creado en Montecristi: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La página web del TCE define su alcance de la siguiente manera: “Se conforma por cinco magistrados principales y cinco suplentes, que administran justicia con la misma jerarquía que los magistrados de las cortes nacionales; es decir, sus fallos son inapelables y pueden constituirse en jurisprudencia”.

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La jurisprudencia del TCE y su impacto

Es precisamente esa jurisprudencia la que ahora marca un antes y un después, y la discusión sobre su alcance genera debate. Por ejemplo, el constitucionalista Emilio Suárez señala que, con lo decidido respecto a Abad, el TCE no excedió sus funciones. Esto se debe a que entre sus facultades está juzgar una infracción electoral. 

Sin embargo, el problema radica en que la decisión esté dirigida hacia una vicepresidenta. “La polémica también gira alrededor del TCE porque eventualmente la coyuntura y la forma en la que se resolvió podría tener interpretaciones de índole política”, añade Suárez.

Por su parte, Esteban Ron, experto en Derecho, afirma que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que un vicepresidente solo puede ser destituido mediante un juicio político o por la revocatoria del mandato. Por lo tanto, lo decidido en el caso Abad configura una reforma al nivel del Código de la Democracia.

No podemos reformar la Ley cada vez que una autoridad actúa políticamente

Mauricio Alarcón

Ciudadanía y Desarrollo

Pero esta entidad no solo ha recibido críticas por el caso Abad. En agosto de 2024, la actual mayoría del TCE, conformada por los jueces Ivonne Coloma, Guillermo Ortega y Ángel Torres, decidió remover del cargo al entonces presidente del TCE, Fernando Muñoz.

La moción para aquello fue presentada por Ortega, quien recientemente redactó la sentencia de primera instancia con la que se le quitaron los derechos políticos a Verónica Abad. En ese momento, los tres jueces argumentaron que existían retrasos en los procesos a cargo de Muñoz. Este último, posteriormente, presentó una denuncia por usurpación de funciones. El hecho reveló que el TCE y su poder son un terreno en disputa.

Ahora, todas las miradas apuntan a la Corte Constitucional, como ya es costumbre, para dirimir los conflictos políticos. Suárez señala que una acción extraordinaria de protección podría dar paso a que se aclare el alcance de la decisión del TCE.

FACHADA TCE
Imagen referencial del Contencioso Electoral.GUSTAVO GUAMAN/EXPRESO

¿Qué pasa con la figura de la violencia política de género?

Sin embargo, el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, afirma que lo relacionado con el TCE no es un problema de reformas. “Lo único que se requiere en este y en otros temas es que las autoridades hagan lo que dice la ley. No podemos reformar cada vez que una autoridad actúa políticamente”, argumenta.

Alarcón también señala que debe evaluarse cómo se ha utilizado la figura de la violencia política de género. El experto considera que este tema se ha usado para saldar rencillas personales.

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