ONG piden a Argentina dar asilo a exministra de Ecuador con condena vigente
María de los Ángeles Duarte tiene una condena pendiente de cumplimiento de ocho años de cárcel por cohecho dentro del llamado caso "Sobornos"
Un grupo de organizaciones de derechos humanos ha solicitado al Gobierno de Argentina que conceda el asilo político a María de los Ángeles Duarte, exministra Transporte y Obras Públicas de Ecuador durante el mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Así lo informó este lunes en un comunicado el estudio de abogados belga Ius Cogens que lleva la defensa de Duarte, quien tiene una condena pendiente de cumplimiento de ocho años de cárcel por cohecho dentro del llamado caso "Sobornos", en el que también fue condenado Correa.
Duarte se considera una perseguida política y lleva más de año y medio junto a su hijo de 11 años refugiada en la Embajada de Argentina en Quito, en calidad de "huésped por razones humanitarias".
Entre las organizaciones que han cursado esta solicitud al Gobierno argentino están el Foro Noruego para la Democracia y los Derechos en Ecuador (NOFEC), el Colectivo Europeo de la Diversidad Ecuatoriana (CEDE), de España; y la alemana Sociedad por los Derechos Humanos Amnistía e Igualdad de Oportunidades (GRACIA).
Estas organizaciones han mostrado su "profunda preocupación por la delicada situación de la asilada y de su hijo menor, cuyo padre es argentino, y piden de manera urgente al presidente de Argentina, Alberto Fernández, que se les conceda el asilo dadas las condiciones médicas del niño y de su madre", según el comunicado.
Duarte se encuentra en la Embajada de Argentina en Ecuador desde el 13 de agosto de 2020, y desde entonces el Gobierno de Ecuador ha trasladado a sus pares argentinos su preocupación, así como la información de la situación jurídica que afronta.
La exministra fue condenada como parte del caso "Sobornos 2012-2016", que versa sobre una red de corrupción mediante la cual se recibieron aportes indebidos en el palacio presidencial de Carondelet, entre 2012 y 2016, para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht.
De acuerdo con el dictamen judicial, el Estado ecuatoriano debe recuperar 14,7 millones de dólares, que incorporan tanto daños materiales como inmateriales.
Las acusaciones siempre fueron negadas tajantemente por Correa y sus seguidores por este caso donde fueron condenadas una veintena de personas, entre ellas el exvicepresidente Jorge Glas, que recientemente logró salir en libertad gracias a un polémico habeas corpus concedido por un juez.
De acuerdo con la defensa de la exministra, el pasado 4 de marzo fue negado por la Interpol el pedido de "alerta roja" contra Duarte, negativa que se suma a una larga lista de pedidos rechazados por dicha organización contra los excolaboradores de Rafael Correa.
