La ONU lamenta falta información sobre el control en cárceles

El Comité de la ONU contra la Tortura manifestó su preocupación por los escasos avances en la investigación en Ecuador de presuntos actos de tortura y malos tratos en las cárceles del país por parte de fuerzas del orden, personal penitenciario o militares.

En su octavo informe sobre la situación en el país, elaborado después de que sus autoridades fueran examinadas los pasados 9 y 10 de julio, el comité señaló que entre las torturas y malos tratos denunciados figuraron golpes con palos y cables metálicos, uso de gas pimienta, simulacros de ahogamientos en tanques de agua o agresiones sexuales.

Los diez expertos del comité, presidido por el mexicano Claude Heller, recibieron también denuncias de actos de hostigamiento, intimidación y amenazas a periodistas y defensores de derechos humanos al momento de denunciar las actuaciones de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas dentro y fuera de las cárceles.

A la vista de estos hechos, los expertos pidieron que se establezca un mecanismo de denuncia “independiente, eficaz, confidencial y accesible” en todos los centros de detención del país y que se proteja a las presuntas víctimas, familiares y testigos “frente a cualquier riesgo de represalias”.

En las prisiones ecuatorianas, el comité denunció además una sobreocupación de casi la mitad de las cárceles, la cual achacan a la política penal de carácter punitivo, al uso excesivo de la detención preventiva (más del 40 % de la población reclusa) y a la falta de juzgados de Garantías Penitenciarias.

En el marco del estado de excepción declarado en el país entre enero y abril de 2024, el comité recibió también informes sobre excesos en la actuación de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento de la seguridad pública, incluidos actos de tortura, detenciones ilegales y supuestas ejecuciones extrajudiciales.

Mientras, en los centros de detención de menores también se han recibido denuncias de medidas de privación de libertad y aislamiento a infractores mayores de 12 años por delitos graves y para otros delitos en el caso de los mayores de 14 años.

Observación a las medidas tomadas en Ecuador

En este sentido, el comité lamenta la escasa información proporcionada por el Estado sobre medidas alternativas a la privación de libertad que se aplican a menores en conflicto con la ley, la supervisión por parte de organismos independientes de los centros de adolescentes infractores o los mecanismos internos de denuncia disponibles.

También observó la ausencia de mecanismos y servicios especializados adecuados para investigar los “muy elevados” índices de violencia sexual en los centros educativos ecuatorianos, con un total de 24.821 víctimas registradas en la última década, según datos del Gobierno. Instan a las autoridades competentes a tomar medidas eficientes garantizando sanción a los autores.

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