El opaco negocio del petroleo
Fernando Villavicencio reapareció ayer en Quito, respaldado por el Colegio de Abogados de Pichincha, con una denuncia contra el Gobierno anterior.
La veta de oro petrolero puso en circulación durante la última década más de 130.000 millones de dólares de ingresos en manos de un único administrador: el Estado. Esa época de bonanza, la mayor experimentada por Ecuador, coincidió con la de menor transparencia en cuanto a los contratos de venta de barriles auspiciada por un nuevo modelo de comercialización de crudo imposible de fiscalizar. Pero ahora, con un cambio de Gobierno y de autoridades de control por medio, afloran las denuncias por mal manejo de los recursos naturales.
Fernando Villavicencio reapareció ayer en Quito, respaldado por el Colegio de Abogados de Pichincha, con una denuncia contra el Gobierno anterior, una recopilación de pruebas como respaldo y varios dedos acusadores estirados en dirección al expresidente Rafael Correa, al ex fiscal general del Estado, Galo Chiriboga; al exgerente de Petroecuador, Pedro Merizalde; y hacia los responsables de la gestión petrolera que dejó un perjuicio estatal de al menos $ 2.200 millones de dólares.
Esa cifra la calcula bajo el supuesto de que el Gobierno del expresidente Correa comprometió sin licitación 1.200 millones de barriles con China y Tailandia hasta 2024. Destaca que con dos dólares de diferencia entre el precio real del mercado y el que facturó Petroecuador en el Gobierno de Correa se puede decir que se perjudica al Estado en 2.200 millones de dólares, precisó.
Usando la intermediación petrolera como vehículo, se gestó una trama de corrupción que el exgerente de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, dimensionó así: “Odebrecht es un juego de niños al lado del negocio petrolero”.
Yannuzzelli, imputado y ahora colaborador de la Justicia ecuatoriana, es otro de los señalados por Villavicencio para que la Fiscalía investigue. También está en su denuncia el vicepresidente sin funciones Jorge Glas, el excontralor prófugo Carlos Pólit, los exministros Patricio Rivera y Fausto Herrera, el empresario Enrique Cadena Marín, además de William Vásconez y Nilsen Arias.
La opacidad de las negociaciones en la venta petrolera sirvió de telón para la trama. En 2009, el Gobierno de Correa cambió de modelo y apostó por la venta directa de barriles. Sin concurso ni adjudicación. Se invitaba a empresas para negociar la compraventa de crudo a largo plazo. Una herencia que, según cálculos del actual ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, no terminará de pagarse hasta 2024.
De los 1.109 millones de barriles de petróleo que Ecuador comprometió en la última década, faltan por entregar 536,6 millones más, correspondientes a ocho contratos vigentes con Petrochina, Unipec y Trading International de Tailandia (PTT). Todos ellos fueron negociados bajo reserva con condiciones de preventa.
Un año después de cambiar de modelo de negocio, esto es en 2010, las ventas petroleras se incrementaron un 89 %. La hemeroteca da cuenta de que el Estado recaudó más de 3.600 millones de dólares por la exportación de crudo de Oriente, debido a la escalada de precios del petróleo y al crecimiento de la producción estatal.
El Gobierno de Correa utilizó principalmente, según explica Henry Llanes, exasambleísta vinculado desde 1970 al mundo petrolero, dos modalidades de contratación que, en esencia, constituyen ventas anticipadas de crudo a cambio de recursos.
“Correa nunca ha explicado esta manera rara de vender crudo”, pero adoptaba dos modalidades: la preventa de barriles y el canje de deuda. Así negoció con China, con Tailandia y con Omán. Pero los detalles de la negociación siguen hoy siendo difusos.
Lo que sí tienen claro Llanes y Villavicencio, y así también han venido denunciando empresarios y analistas del ramo petrolero durante los últimos años, es que estos modelos de negociación no cumplían con la legislación y eran campo de cultivo para compromisos al margen de la ley.
Villavicencio señaló en su escrito que la política de comercialización internacional de hidrocarburos a largo plazo, en el Gobierno de Correa “ha sido manejada al margen de procesos públicos abiertos y transparentes, carente de decisiones fundamentadas y documentadas y en medio de violaciones flagrantes a nuestro ordenamiento jurídico”.
Antes de su Gobierno y tras el cambio de mando de las últimas elecciones, Ecuador colocaba su petróleo en los mercados internacionales a través de licitaciones. A largo plazo o, como la última anunciada la semana pasada, a corto plazo o ‘spot’. En cualquier caso, había un proceso de concurso para que las empresas interesadas presentasen sus ofertas y el Estado seleccionase la más ventajosa. Con la preventa anticipada, sin concurso y por asignación directa utilizada en la última década, las empresas compradoras no necesitaban mejorar su oferta dada la nula competencia por hacerse con el crudo nacional.
