Operadores del ECU-911 venden información de emergencias a funerarias de Quito

La madre de los hermanos Alvarado falleció en un hospital de Quito debido a un derrame cerebral, minutos después de sufrir un ataque en su casa. Sus hijos llamaron a la central de emergencia solicitando una ambulancia, pero esta nunca llegó. Los que llegaron fueron trabajadores de funerarias ofreciendo sus servicios, aún sin confirmar que la señora había muerto.

Uno de los hermanos denunció el caso en redes sociales, lo que llevó a su viralización. Posteriormente, el ECU 911 emitió un comunicado informando que han puesto en conocimiento de las autoridades los hechos para que se realice una investigación.

EXPRESO entrevistó a empleados de dos funerarias, quienes bajo reserva explicaron el supuesto ‘cruce de información’ por parte de los operadores del ECU 911. Algunos operadores presuntamente mantienen alianzas con estos servicios.

El trato consiste en que, al recibir alertas de personas heridas o en riesgo de muerte, los operadores envían nombres, números de teléfono, direcciones y otras referencias a los empleados de funerarias antes de notificar a las entidades de respuesta como bomberos o policía. Por este 'servicio', los funcionarios han establecido tarifas que varían según el contexto económico.

Cuando el servicio es particular, el operador exige el 10% del pago. Si el fallecido tenía seguro del IESS, la tarifa es de 100 a 150 dólares. Los empleados de funerarias indican que este negocio se volvió rentable desde la pandemia, y no solo los operadores del ECU 911 se aprovechan del dolor ajeno.

Policías, médicos, guardias, enfermeras y camilleros en hospitales también estarían involucrados, extorsionando a los funerarios para obtener una tajada o amenazando con llevar el cuerpo a la morgue, retrasando el trámite de retiro del cadáver.

EXPRESO solicitó una entrevista con un vocero del ECU 911, pero desde el departamento de comunicación informaron que “por ahora no tenemos un vocero definido, porque hay cambios administrativos”. Un funcionario de la entidad, que pidió anonimato, señaló que los operadores reciben alertas por teléfono, aplicación o cámaras y coordinan la atención de emergencias. "De eso hay audios, pruebas y fichas que se guardan," afirmó, añadiendo que los funcionarios tienen prohibido el uso de celulares y dispositivos de almacenamiento.

MEDIDAS Y SANCIONES

Sebastián Barona, presidente de la Asociación de Funerarias del Ecuador, informó que se realizó un seminario para evitar estas malas prácticas, enfatizando que las funerarias implicadas no pertenecen a su gremio y que tomarán acciones para sancionarlas, como retirar servicios estratégicos.

Por su parte, la abogada Nathalya Salazar explicó que, en materia penal, los operadores del ECU 911 podrían estar incurriendo en peculado, ya que siendo servidores públicos obtienen beneficios económicos para sí mismos o terceros mediante un complot con las funerarias para captar clientes.