La oposición concreta pedido de juicio político contra el presidente Lasso

Se concretó al tercer anuncio. Las bancadas y legisaladores de oposición en la Asamblea Nacional presentaron este 16 de marzo de 2023 el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso.

El correísmo desistió de acusar al primer mandatario de atentar contra la seguridad del Estado y se impuso la tesis del Partido Social Cristiano (PSC) de encausarlo por comisión por omisión en supuestos delitos contra la administración pública.

Como interpelantes fueron escogidos primero Viviana Veloz de Unión por la Esperanza (UNES) y Pedro Zapata (PSC); pero luego se incluyó a Mireya Pazmiño, de lo que se autodenomina Pachakutik-Conaie, además de Rodrigo Fajardo, de una de las facciones de la Izquierda Democrática (ID).

Todos fueron parte de la comisión ocasional multipartidista que elaboró el informe no vinculante en el que ya se recomendó el enjuiciamiento de Lasso. La inclusión de estos últimos obligó a recolectar nuevamente las firmas de respaldo, lo que demoró el ingreso de la solicitud hasta el final de la tarde.

Según Esteban Torres, jefe de la bancada del PSC, el pedido se presentó con 25 pruebas. Una de ellas, los indicios que fueron encontrados e incluidos en el informe de la comisión, que ha sido cuestionado desde varios sectores.

También, el informe que envió la Superintendencia de Compañías, cuya reserva fue levanta el martes pasado.

"Nosotros establecemos responsabilidades políticas y hemos presentado este juicio político porque los hechos fácticos, la relación circunstancial y la conducta del presidente se adecua a lo que dispone el 129 numeral dos de la Constitución: delitos por concusión y por peculado tanto en las empresas Petroecuador, Flopec y EMCO", aseveró Veloz.

Otro insumo sería la bitácora de ingresos a la Presidencia de la República, que también llegó a la Asamblea con carácter de reservado, pero fue desclasificada para que sean públicos los nombres de las personas que salen y entran de Carondelet.

Desde que Lasso se posesionó en mayo de 2021, cerca de 1.400 personas han transitado por el Palacio de Gobierno. Muchos de ellos, funcionarios del Ejecutivo, ministros, periodistas, ciudadanos y legisladores.

Ahí aparecen los nombres de Gisella Molina de Pachakutik, Elías Jachero de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) o el independiente Fernando Villavicencio, entre otros. En algunos casos, en el precario mecanismo de registro manual se coloca un solo nombre, lo que dificulta confirmar la identidad de las personas. En otros casos, la letra es ilegible.

Lo que más llamó la atención de los opositores y proponentes del juicio político es el número de veces (unas 40) que ingresó Hernán Luque Lecaro, que fue presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y ahora es señalado como parte de una trama de corrupción.

También hace ingresos en diversas ocasiones Hugo Aguiar, entonces gerente de la estatal Petroecuador, cargo al que renunció en febrero pasado.

Pero más allá de las visitas frecuentes en algunos casos, en la bitácora no se refleja el motivo de los ingresos o con quién o quiénes se reunieron los visitantes. Menos aún, los temas que fueron abordados.

La legisladora oficialista Ana Belén Cordero manifestó que el hecho de que legisladores hayan acudido a Carondelet a dialogar no tiene nada de malo. Por el contrario, defendió que se trata de buscar acuerdos por el bien del país.

Desde el oficialismo, no ven por dónde la bitácora puede convertirse en una prueba en contra del presidente Lasso, pero tampoco creen que el informe de la Superintendencia de Compañías vaya a sustentar la acusación.

Una vez que la solicitud de juicio político fue ingresada, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, la debe poner en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que debe calificar el pedido o, si faltan elementos, mandarlos a completar.

Si supera este filtro, lo siguiente es enviar el expediente a la Corte Constitucional (CC), que debe emitir un dictamen de admisibilidad o archivar la solicitud. Si es lo primero, el proceso regresará a la Asamblea, que lo debe remitir a la Comisión de Fiscalización para que siga el trámite regular de un juicio político.