Pablo Ramírez, del SNAI: “Dividimos el servicio de comida de las cárceles para evitar un monopolio”

Durante el Gobierno del presidente Guillermo Lasso se han realizado cuatro cambios de mando en el SNAI, quienes asumieron el cargo han tratado de controlar los focos de violencia que, en muchos casos, han escalado a masacres y fugas. En menos de dos años se han registrado más de 400 muertes violentas.

El oficial de la Policía, que atendió a Diario EXPRESO en una entrevista de unos 15 minutos, por vía telefónica, explicó cómo se distribuirá el presupuesto de la institución de este año para mejorar las seguridades de los centros carcelarios.

¿Cuál es el presupuesto del SNAI para este año. Ya lo ha asignado Finanzas?

Sí. Este año tenemos un proyecto de inversión de $ 30 millones, que están distribuidos: $ 7 millones para infraestructura y $ 23 millones para equipamiento, en este rubro están escáneres, sistemas de revisión corporal, sistemas de videovigilancia y centros de mando integrados, dispositivos de vigilancia electrónica, sistemas informáticos y también un parque automotor para los traslados.

En la inversión se contempla inhibidores de señales de telefonía e internet, que muchas veces son usadas para coordinar muertes por encargo, extorsiones a familiares de otros reos o movimientos de las estructuras criminales en las calles. ¿Actualmente hay alguno que funcione bien?

Los inhibidores no fueron adquiridos en este caso por el SNAI. Más bien es un valor agregado que entregan las empresas de telefonía celular con las que se tiene un contrato o convenio para la telefonía interna, a través de cabinas telefónicas para (que) los internos (se comuniquen). Entonces como su giro de negocios son las cabinas y les vendría mal si se utilizan celulares, entonces parte del contrato es que coloquen inhibidores. Obviamente no estaban acorde con la expectativa técnica. En este caso para este año sí pondríamos esta tecnología que ya va a ser incorporada.

¿A partir de qué fecha y en cuántos centros se cortará esa comunicación ilegal?

Para las semanas siguientes, es decir, el próximo mes (junio), en ocho centros.

¿Y progresivamente se irá ampliando ese tipo de restricción a otras cárceles?

Esta es una primera fase (...). Quizás en julio o agosto ya pidamos una partida extrapresupuestaria y ahí ya tendremos las siguientes fases de incorporación.

¿Cómo van a garantizar que esa tecnología no sea desconectada o tal vez vulnerada?

Cualquier tecnología que se va incorporando en algunos casos podría ser violentada. Sin embargo, no únicamente nos dedicamos a la parte tecnológica, sino también a la parte de protocolos de intervención y a la parte legal.

¿A qué se refiere?

Estamos haciendo ciertas modificaciones y pedidos para que todos los centros de privación de libertad sean considerados como zonas de seguridad y de esta manera intervenir, para que todas las empresas de telefonía y de internet no realicen contrataciones en los alrededores. Al determinarse como una zona de seguridad, las empresas de telefonía y las de provisión de internet tendrán la obligación, ya legal, de no contratar en los alrededores, en una distancia.

Usted hablaba que para este año son $ 30 millones, pero ¿cuántos millones más hacen falta para solventar lo urgente?

Para los cinco años subsiguientes son $ 125 millones. Sin embargo, de acuerdo con la gestión de ejecución del presupuesto, se puede implementar algo adicional, nunca va a ser suficiente.

¿Cómo cuidar que ese dinero que se destinará a contrataciones de servicios, a compras de bienes, no termine en contratistas relacionados con organizaciones delictivas? ¿Qué controles ejecutan en Compras Públicas del SNAI?

Ese es un riesgo, pero nosotros nos hemos cubierto con los términos de referencia, para que existan empresas que tengan un registro histórico de ofertas, tanto nacionales como internacionales, experiencia en el ámbito de seguridad. Incluso estamos generando una alternativa de compra de gobierno a gobierno. Eso limitaría cualquier riesgo.

¿Han identificado ese tipo de situaciones en las compras?

No hemos tenido exámenes especiales que ha realizado la Contraloría. Sin embargo, es un riesgo latente y ahí estamos cubiertos.

El asambleísta Fernando Villavicencio refirió hace unos días la suerte de monopolio que existe en el servicio de alimentación de las cárceles, en el que estaría involucrada una organización delictiva. Él mencionó a la empresa La Fattoria.

Por cinco años, desde el extinto Ministerio de Justicia, se ha venido realizando constantes convenios de pago hasta esta administración, ya tenemos el informe de pertinencia de la Contraloría y dividimos el servicio en tres zonas para que no haya un monopolio de una sola empresa nacional. Los subimos (a Compras Públicas) en tres diferentes zonas. Así estamos abriendo los términos de referencia; siendo incluyentes a empresas locales para que los productos agrícolas, como los cárnicos, sean comprados localmente. Esa empresa para nosotros es un proveedor. Si es que alguien habría colocado una denuncia en Fiscalía y si estaría en curso una indagación, la conoceríamos.