El pacto en la Asamblea quedó al descubierto
La impunidad y las viejas prácticas políticas han vuelto, anuncian expertos en Derecho Constitucional, para ellos: todo está tramado
Lo suscitado en la noche del jueves 21 de diciembre de 2023, en el pleno de la Asamblea Nacional, es una clara evidencia de que hay un pacto político entre el gobierno de turno, el movimiento Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, afirman tajantemente expertos constitucionalistas, y que los actos reprochables del pasado, como atropellar y violar la norma constitucional para lograr sus cometidos, son prácticas que no se han abolido.
Ismael Quintana, experto en Derecho Constitucional, enfatiza en que lo que tuvo que haber resuelto la Asamblea era la devolución del pedido que hizo el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Luis Rivera -para proceder al enjuiciamiento penal del exvicepresidente Jorge Glas, por su presunta participación en el delito de peculado por el caso Reconstrucción de Manabí-, no haberlo puesto en el orden del día; peor, votar para autorizar o no el proceso.
El día de la votación, Henry Kronfle, titular de la Asamblea, se ausenta, evidenciando que hay un acuerdo en desleimiento del país y en favor de un movimiento político.
La razón: el numeral 10 del artículo 120 de la Constitución determina que entre las atribuciones y deberes de la Asamblea está “autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, el enjuiciamiento penal de la presidenta o presidente o de la vicepresidenta o vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente”. Joffre Campaña, experto en Derecho Penal, dice que lo de Glas no requería esta autorización; y lo que busca este articulado es la estabilidad democrática.
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Y como Glas ya no estaba en funciones, el Legislativo no tenía competencia para pronunciarse, como ocurrió en los casos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Jamil Mahuad, señala Quintana. En esos casos, el pleno de la Asamblea decidió declarar improcedente la solicitud hecha por un juez de la CNJ.
Hay un pacto político entre bancadas. Lo actuado denota sobre todo un desconocimiento jurídico y posiblemente una presión política indebida ante la Función Judicial.
Para Francisco López, especialista en Derecho Constitucional y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, todo fue un espectáculo mediático, una movida política y un desconocimiento e ignorancia muy conveniente por parte de los legisladores para quitar legitimidad a la investigación fiscal. Lo que demuestra un acuerdo político de “si yo tengo votos de ustedes en la Asamblea para mis proyectos de ley desde el Ejecutivo, entonces nosotros también nos vamos a hacer los locos en algunas cuestiones, entre estos: algunos temas delicados del correísmo”.
Esto, porque el presidente Daniel Noboa no tiene una mayoría en el Legislativo, por lo que necesita negociar con las bancadas que sí la tienen, piensa López. Pero, en este caso, “no negocia con proyectos para el país, sino a favor de la impunidad de los miembros de un movimiento o partido político”.
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Todo esto explica que, en lo que va de funciones, la Asamblea haya aprobado seis leyes con más de dos tercios de votos, incluyendo la reforma tributaria que propuso Noboa y la propuesta de reforma constitucional del expresidente Guillermo Lasso, deduce Pablo Proaño, abogado y coordinador general de la Organización Dignidad y Derecho. “De momento, el efecto político es mandar el mensaje errado de una presión política contra el juez y funcionarios judiciales; y, a su vez, puede dar la impresión social de no querer impulsar las investigaciones”.
Nos quieren ver la cara de tontos; salvo que uno realmente sea un ignorante. Sin embargo, la Asamblea no tiene atribución para negar la competencia, es solo autorizar.
Lo que, a criterio de Campaña, el juez Rivera cometió un error inexcusable y debiera ser, -previo a una denuncia, que debiera presentar cualquier persona ante el Consejo de la Judicatura, para que inicie un proceso disciplinario- destituido “porque jueces de ese tipo no debiera existir”. Ahora, el CNJ debe proceder a la formulación de cargos, a pedido de la Fiscalía.
Aunque para Campaña, la resolución del Legislativo no niega ni aprueba nada porque no tiene competencia ni la pregunta sobre la que votaron tiene ningún efecto jurídico en el proceso penal; sin embargo, Quintana difiere con Campaña, porque con el pronunciamiento de la Asamblea “nos ha metido en un problema enorme, porque negó la posibilidad de que Glas sea procesado por el caso Reconstrucción de Manabí”, por más que ahora lo nieguen.
Pero una cosa es que la Fiscalía pida el día y la hora para la audiencia de formulación de cargos, y otra, lo que vaya a hacer el juez Rivera, porque “pudiera sostener que, conforme a las actas de votación, hubo una moción para autorizar el procesamiento penal de Glas y como no se obtuvieron los 92 votos necesarios, él pudiera negarse a llamar a la audiencia”. Este es el efecto pernicioso de la decisión que tomaron ayer. “¡No es que la Asamblea no ha resuelto nada; háganse cargo!”.
Es probable que hagan el ‘show’ mediático de que Glas sale de la embajada sin que la Policía se dé cuenta y luego aparezca en México, quién sabe cómo, presagia López.
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