El padre de Darwin Panchi, asesinado el 30S, recordó los 12 años de ausencia
El militar fue una de las víctimas que dejó la revuelta policial de 2010. Hasta el momento se desconoce a los autores del homicidio
Este viernes 30 de septiembre se cumplieron 12 años de la revuelta policial que en 2010 dejó al menos cinco personas fallecidas y decenas de heridos.
Ramiro Panchi, padre del militar Darwin Panchi, uno de los cuatro uniformados asesinados ese día acudió al sitio, como lo ha hecho todos los años desde hace más de una década.
“Estaré hasta los últimos años de mi vida, igual que estoy ahora”, señaló. Reclamó que para aclarar la muerte de su hijo no se ha hecho nada de nada. “Es una fecha en la que tengo que venir todos los años para exigir justicia”, dijo.
Ha asistido a la reconstrucción de los hechos que hizo la Fiscalía durante las investigaciones para dar con los responsables del asesinato del también militar Jacinto Cortez y del comando del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) Froilán Jiménez.
Panchi señala que con solo haber observado cómo se dio la reconstrucción de los hechos imagina lo que debió pasar el día de la sublevación. La noche del 30 de septiembre de 2010, su hijo recibió disparos en la cabeza. Antes de ser asesinado habría dicho: “Papi, me voy a rescatarle al presidente”. Ese día los militares hicieron un operativo para extraer al exmandatario Rafael Correa, quien se refugió en el Hospital de la Policía tras irrumpir en el otrora Regimiento Quito, en donde se llevaba la protesta policial.
Yo nunca en mi vida quise que sea militar. Mi hijo estudiaba en la universidad.
La mayoría de casos concluyó con sentencias. Cientos de policías fueron desvinculados de la Policía.
Hay un expediente abierto en ese caso. Entre los procesados están el general retirado Luis Castro, Hegel Peñaherrera, Patricio Guadalupe, entre otros. La Fiscalía emitió su dictamen acusatorio en contra de nueve procesados por la muerte de Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortez. Los decesos ocurrieron en el contexto de la sublevación policial del 30 de septiembre.
En la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, que fue suspendida el 20 de mayo, la jueza de Pichincha declaró la validez de todo lo actuado hasta ahora en el proceso y rechazó los vicios de nulidad planteados por las defensas de los miembros de Fuerzas Armadas en servicio pasivo.
La mayoría de expedientes se abrió por presuntos delitos de paralización de servicios, sabotaje, terrorismo, intento de magnicidio, entre otros.
El día de la revuelta los policías protestaban por la Ley de Servicio Público que se había aprobado en la Asamblea de mayoría correísta.
