El país de los concursos de méritos y oposición 'amarrados'

La asignatura era ‘Herramientas digitales aplicadas a la Biología’. A priori, parecería que pudiera dictarla un catedrático con maestría en cualquiera de las Ciencias Biológicas. Pero el perfil solicitado para postular al cargo exigía el doble título de Biólogo Pesquero y de Magíster en Formación y Perfeccionamiento del Profesorado.

“Este perfil extremadamente específico pareciera apuntar a una persona en concreto”, cuestionó la Asociación de Becarios Retornados del Ecuador (Abrec), en una de las cartas públicas que ha enviado a las autoridades de Gobierno y de Educación Superior. En ellas ha expuesto sus “observaciones, dudas y preocupaciones”, sobre algunos concursos de méritos y oposición organizados por universidades públicas del país.

Solo en 2020 los becarios retornados con maestrías y doctorados hicieron tres pronunciamientos por sendos concursos convocados por la Universidad Eloy Alfaro de Manta, Universidad de Cuenca y Universidad de Guayaquil. No constan otros como el de la Universidad Yachay, cuyo concurso de profesores está suspendido desde 2019 también por “irregularidades”, según la Secretaría de Educación Superior.

Todos tienen en común prácticas cuestionables en la forma en que se organizan los procesos, como lo resume el siguiente gráfico.

El coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Ricardo Ramírez, recuerda que esto también ocurre en otras entidades públicas, como por ejemplo, en el reciente proceso para nombrar jueces de la Corte Nacional de Justicia. Resalta incluso que, en algunos casos, los organizadores burlan hasta las veedurías.

“Nosotros nos retiramos porque no se nos permitió ver las carpetas de los aspirantes descalificados ni los motivos”.

Reconoce que es “otro gran problema” la cantidad de personas que trabajan por años en las entidades públicas por contrato ocasional. Y aunque defiende su derecho a alcanzar un nombramiento definitivo, rechaza que se lo pretenda hacer mediante concursos “amarrados” para favorecerlos. Ve allí una forma de corrupción.

El exrector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), Sergio Flores, tampoco lo halla justificable y acota que, en ocasiones, esas prácticas tienen un trasfondo político y se utilizan para asegurar votos en las elecciones internas.

En el caso de los maestros ocasionales, ve como una solución la adopción de procesos internos de carrera docente, para que, tras un plazo de seis o siete años, y tras haber cumplido los requerimientos, capacitaciones y evaluaciones, la universidad decida si acoge de manera definitiva al profesor o da por terminada la relación laboral.

Aunque no califica este tipo de concursos como corrupción, dice que lo que está mal es tratar de favorecerlos en ellos, porque eso impide que la universidad pueda recibir un maestro de mejor perfil, que eleve la calidad de la planta docente.

Tampoco cree necesaria una nueva ley para normar esos procesos. Alega que eso implicaría afectar aún más la autonomía universitaria; y que lo que se requiere es actuar con transparencia y priorizando la calidad.

La asambleísta Jeannine Cruz, presidenta (e) de la Comisión de Educación, concuerda y cree que no todo debe resolverse con reformas legales. Sobre todo, cuando ya hay una normativa: “El tráfico de influencia es incluso un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal”.

A su criterio, de existir casos en que se intenta beneficiar a personas que no cumplan los requisitos, las autoridades deben actuar, auditar los procesos y establecer las responsabilidades civiles, administrativas y penales respectivas.

No obstante, no siempre ocurre así. Ni siquiera cuando hay pronunciamientos públicos: Diego Moya, presidente de la Abrec dice no conocer si alguno de los concursos que ellos cuestionaron fueron suspendidos o anulados; o si se establecieron responsables y sanciones. Más aún, ninguna autoridad de Gobierno o Educación Superior respondió alguna de sus cartas.