Pamela Aguirre y el nuevo proceso de fiscalización: a gritos y pistola en mano

Fundamental aporte de la Comisión de Fiscalización de Pamela Aguirre a la ciencia del control político: la fiscalización en tiempo real. Gracias a esta novedosa técnica que no requiere de más herramientas que las redes sociales y el enérgico dedazo de la presidenta de la Comisión, los fiscalizadores de la Asamblea ahora pueden intervenir en los actos de la administración pública en el preciso instante en el que ocurren, mientras tienen por delante a las autoridades responsables y les imparten instrucciones para evitar errores, prevenir comportamientos indeseados y mantenerlos a raya.

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El invento superó la fase experimental y se aplicó por primera vez en la sesión del pasado miércoles 11 de julio de 2024. Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en actitud patriótica que les honra, se prestaron como conejillos de indias, aun a riesgo de salir vapuleados como en efecto salieron. 

El éxito fue rotundo: nunca más habrá que esperar a que los hechos se produzcan para fiscalizarlos; Pamela Aguirre los fiscalizará antes de que ocurran. Gracias a su oportuna intervención, logró enderezar un importante proceso de nominación, el del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, que había empezado de manera insatisfactoria, y conducirlo hacia el desenlace que ella y su partido anhelaban.

Consejeros, culpables desde el inicio

Lo primero que conviene saber sobre el nuevo sistema es que el veredicto se toma al principio del proceso, no al final. Esto es importante porque facilita la toma de medidas correctivas sobre la marcha y permite maltratar a los culpables desde el primer momento, cosa que asambleístas como Sofía Espín y Ronal González, tan aficionados al maltrato, agradecen y aprovechan. 

Cuando los integrantes del CPCCS fueron llamados para tratar el tema de la elección de Dunia Martínez como presidenta de la Judicatura, no se dieron cuenta de que ya eran culpables. Creyeron que lo que se esperaba de ellos era una explicación de lo ocurrido en esa accidentada sesión del lunes 8 de julio. 

Llegaron, pues, con una serie de pruebas que demostraban la legalidad de lo actuado: así dijo el presidente de ese organismo, Andrés Fantoni. La prueba maestra era la grabación oficial de la sesión, que fue virtual y se realizó a través de la plataforma Zoom. El video incluía información sobre la actividad en línea: identidad de las personas conectadas, horas de conexión, origen de micrófonos abiertos... 

Y desvirtuaba las alegaciones de la consejera correísta Nicole Bonifaz, según las cuales la dejaron conectada en espera durante cinco o diez minutos para no permitirle votar. Aquí se mostraba que Bonifaz esperó menos de un minuto y si no votó es porque

Lo que buscaban los correístas en la Comisión

Claro que todo esto era una pérdida de tiempo: cuando los fiscalizadores han decidido de antemano qué fue lo que ocurrió y quién tiene la culpa, las pruebas resultan superfluas. Por eso esta nueva modalidad de fiscalización prescinde de ellas. ¿Quién las necesita? Esto es una gran ventaja, pues la calificación y la práctica de las pruebas es el aspecto más engorroso de la fiscalización. 

El nuevo sistema simplifica las cosas, gana tiempo y ahorra recursos al Estado. Es supereficiente. En consecuencia, el video entregado por Fantoni (en vano rogó tres, cinco, siete veces que lo proyectaran) fue a parar intocado en un cajón. O en un basurero, tanto da. Nadie lo vio. 

Pamela Aguirre, Sofía Almeida, Ronal González y los otros no querían saber si Fantoni dejó esperando o no a Bonifaz para impedir que votara, sino por qué lo hizo. No habían llamado a los consejeros para que dieran explicaciones sino para decirles que lo que habían hecho estaba mal y para explicarles lo que se esperaba de ellos, a saber: que reconsideraran la votación y eligieran de nuevo. 

Otra característica de la fiscalización inventada por Pamela Aguirre es que no deja nada al azar. Como lo que se está fiscalizando no es un hecho que ha ocurrido sino uno por ocurrir (en este caso, la reconsideración de la elección), es obvio que quienes intervienen en el proceso se preocupen por atar todos los cabos para que ese objetivo se cumpla de manera exitosa. Esta fue la prueba de fuego del nuevo sistema de fiscalización y hay que decir que la superó con éxito.

Un derecho adquirido, al tarro

Ocurre que la reconsideración de una votación en el pleno del CPCCS requiere, en uno de sus pasos, el voto favorable de cinco consejeros. Y esos cinco, Pamela no los tenía. Su consejero de confianza, Augusto Verduga, se encontraba desde hacía tres días en gozo de licencia de paternidad. Fue precisamente su reemplazo, el consejero suplente Gonzalo Albán, un indeseable liberal que no cree en el control de la justicia por los políticos, quien había desencadenado este problema. 

Era necesario, pues, devolver a Albán a su casa y reintegrar a Verduga para que participara en la reconsideración. Problema: la licencia por paternidad es uno de aquellos derechos adquiridos que la legislación considera como irrenunciables; ya puede Verduga pedir voluntariamente su reintegro como en efecto pidió, que una vez concedida la licencia, no es posible renunciar a ella. 

Además, la licencia por paternidad está fundada sobre el principio del interés superior de los niños, pues es en su beneficio (no en el de los padres) que se concede. Finalmente, un principio básico de técnica parlamentaria determina que quienes no hicieron parte de una votación no deberían participar en reconsideración. Es obvio: no se puede reconsiderar lo no considerado. ¿Cómo inducir a Andrés Fantoni y el resto de consejeros de Participación Ciudadana para que cometan esta triple ilegalidad? Fácil: a los gritos y con pistola en mano.   

El juicio político, la amenaza contra los consejeros

La pistola: desde el primer momento quedó claro que, si no hacían lo que se les mandaba, los consejeros serían llevados a juicio político por la Comisión, amenaza nada desdeñable para un grupo de funcionarios de carrera que no se pueden dar el lujo de quedar excluidos del servicio público por dos años porque de eso viven. 

Hay que decir que Pamela Aguirre, a pesar de su voz quebradiza y su mirada lánguida, es muy poco sutil y bastante convincente a la hora de las amenazas. Y mientras quedaban claras estas cosas en la Comisión, Augusto Verduga se presentaba en las oficinas del CPCCS para pedir su reingreso. 

“¡Acabo de ver un tuit del consejero Verduga!”: la legisladora correísta Jahiren Noriega hizo su parte. Verduga se quejaba de que no lo dejaban volver al trabajo (conocedor de sus deberes, el burócrata de turno trataba de impedírselo) y ella seguía sus evoluciones en las redes sociales y exigía a Fantoni que diera su autorización. 

Solo al final el presidente del CPCCS perdió los estribos y dio un golpe sobre la mesa, cosa que debió hacer desde el minuto uno. Al fin y al cabo, él es un funcionario de elección popular y titular de un poder del Estado, se supone, aunque en el fondo sepa, como todo el mundo, que el suyo es un poder del Estado de a perro nomás. Terminó disculpándose y haciendo lo que le mandaron.

Fiscalización en tiempo real: no querían dejar ir a Andrés Fantoni hasta que Verduga fuera readmitido. Teléfono en mano, Jahiren Noriega se mantenía al tanto del proceso. Interés superior del niño mis polainas.

Lo más importante en todo esto es la oportunidad. La fiscalización en tiempo real exige intervenir antes de que se consumen los hechos. En este caso, la sesión permanente instalada para elegir al nuevo presidente de la Judicatura estaba abierta y se estaba a tiempo para presentar una reconsideración e influir en ella. 

Las capacidades de Aguirre

Quién sabe, en el futuro quizá la Comisión de Fiscalización de Pamela Aguirre pueda participar en procesos de contratación pública, pistola en mano y a los gritos, e inducir a quien sea que tome las decisiones para que elija al proveedor adecuado. 

O incluso podría repetir la exitosa experiencia de esta semana en los nombramientos que están a la vuelta de la esquina: el CNE, por ejemplo. ¿Por qué no volver a llamar al CPCCS a medio proceso para decirles lo que tienen que hacer? O el mismo Consejo de la Judicatura, que se renovará dentro de poco. 

¡O en la elección del nuevo fiscal! Eso sí que sería un gran aporte. Porque esto de la fiscalización de los hechos por venir es en realidad un invento revolucionario. De ciencia ficción, literalmente. Como en la película ‘Minority report’, con Tom Cruise, donde unas personas con habilidades precognitivas anticipan los crímenes antes de que ocurran. 

Como a esos personajes, deberíamos anestesiar a Pamela Aguirre, sumergirla en una piscina de leche o lo que fuera e implantarle un chip en el occipucio. Y dejar que nos gobierne.

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