Pamela Troya ante fallo del TCE: "Ganamos la batalla, pero no la guerra"

El reciente fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra de cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) vinculados a la denominada Liga Azul: los consejeros principales Yadira Saltos y Augusto Verduga, y los suplentes Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor, reaviva el debate nacional sobre la independencia política del organismo.

¿Qué es la Liga Azul?

La Liga Azul es el nombre con que el correísmo identificó a sus candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Todo se originó desde la campaña electoral para los comicios del 5 de febrero de 2023, donde se eligieron a los nuevos miembros del CPCCS para el periodo 2023-2027. Desde entonces, se advirtió que estos candidatos eran promovidos por el movimiento Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa.

Una campaña con cancha inclinada

La activista Pamela Troya, quien presentó el pasado 24 de junio la demanda por infracción electoral en contra de los cuatro miembros de CPCCS, explicó a EXPRESO que los entonces candidatos vinculados al correísmo tenían la cancha inclinada a su favor al ser promocionados por el líder de un partido político, poniendo en desventaja a los demás ciudadanos que, como ella, aparecieron en aquella papeleta electoral.

"Fue frustrante ver que mientras habíamos candidatos que respetábamos la ley, habían otros que de forma descarada la incumplían sin ninguna vergüenza, y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se tapaba los ojos, los oídos y la boca y que permitieron que esto suceda", cuestiona la maestrante en Comunicación y Marketing Político.

Troya considera que hay un trasfondo político "lamentable" del CNE porque son sus consejeros los que "tienen la obligación de hacer respetar la ley y ellos tenían que haber sido quienes denuncien a estos candidatos al TCE", asegura.

¿Cómo se originó la denuncia?

Pamela Troya explica que durante la campaña electoral de febrero de 2023 presentó junto a otros postulantes, entre ellos el actual consejero Juan Esteban Guarderas, una denuncia en contra de la Liga Azul, pero esta fue ignorada.

Meses después, este caso tomó un giro decisivo el 8 de mayo de 2024, cuando el TCE sancionó a Alembert Vera, expresidente del CPCCS vinculado a la Liga Azul, con una multa de 50 salarios básicos unificados y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años. Se sentó jurisprudencia.

Esta denuncia en contra de Vera fue presentada por el consejero Guarderas, pero aún faltaban los otros integrantes vinculados al correísmo que lograron ingresar como principales y suplentes al Consejo de Participación Ciudadana.

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La nueva denuncia y la acumulación de casos

Al crearse un antecedente con Alembert Vera, Pamela Troya procedió con la denuncia contra la Liga Azul. El 24 de junio de 2024, ella y Santiago Becdach presentaron una querella contra los consejeros principales y suplentes del CPCCS vinculados al correísmo. La abogada Mónica Jaramillo, quien había apoyado la denuncia de Guarderas, también presentó una denuncia similar. 

El 4 de julio, el juez Fernando Muñoz admitió a trámite la denuncia de Troya y Becdach y fijó la audiencia para el 24 de julio de 2024. Sin embargo, la misma fue diferida debido a la acumulación de denuncias, que incluían la presentada también por Jaramillo.

"Ganamos una batalla, pero no la guerra"

"Más que una victoria personal, esto es un triunfo para la democracia y el respeto de las leyes electorales en Ecuador" menciona Pamela Troya, quien aclara que el fallo que dio el TCE la noche del 3 de septiembre de 2024 no es definitivo, ya que los cuatro sentenciados tienen la opción de apelar. 

El consejero Augusto Verduga se pronunció sobre el fallo al que calificó  y aclaró que apelará a esta decisión, lo que suspendería la sentencia, que calificó de espuria, hasta la segunda instancia.

“No teníamos duda sobre este fallo, pero sí dudas legítimas sobre la apelación en segunda instancia", confiesa Troya, quien espera que el TCE  "actúe en coherencia con la jurisprudencia previa, pues no "debería fallar en contra de su propia sentencia anterior", culmina.

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