Pandemia de protestas en las calles

Ni el temor al contagio del coronavirus, que ya suma 37.555 casos y 3.203 fallecidos en el país, o la prohibición a las aglomeraciones establecida en el estado de excepción alejó a cientos de manifestantes, que ayer salieron a las calles de una veintena de provincias a protestar por los despidos registrados en las últimas semanas, el recorte presupuestario a la educación y la aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario.

Ataviada con guantes y mascarilla, pero sin respetar los dos metros de distanciamiento social reglamentario, la docente Italia Benalcázar vociferaba. “Tengo diez años trabajando como profesora, y nunca me han dado nombramiento. Además del contrato ocasional, en esos diez años no nos han subido el sueldo, pero aun así nos piensan descontar. Y de paso, nos piden que estemos agradecidos, porque si nos despiden no nos dan nada. ¿Quién va a educar a nuestros niños?”, preguntaba.

A esta protesta en Guayaquil, que fue cercada por la policía a la altura de la calle 10 de Agosto, también acudió Dalia Carrasco, junto a un grupo de trabajadores aeroportuarios y del sector turístico, despedidos de más de una veintena de empresas de esta industria. “Este Gobierno ha avalado que nos despidan sin darnos un centavo. Prefieren cuidar a la empresas que a los ecuatorianos. Por trece años de trabajo, me dieron 213 dólares. ¿Cómo vivo con eso? ¿Cómo alimento a mis hijos? Para nosotros no hay préstamos ni ayudas”, reiteró.

De acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, desde el inicio de la emergencia sanitaria por COVID-19, se han perdido 150.000 empleos. Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, dice que son 160.000 empleos.

Otras tres marchas se organizaron en el Puerto Principal y sus alrededores. A las afueras del Gobierno Zonal, una veintena de funcionarios del Servicio de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar) llegó con carteles y consignas. Lo mismo sucedió en Durán, donde marcharon los trabajadores de Ferrocarriles. Ambas entidades fueron suprimidas vía decreto ejecutivo la semana pasada. Estos piden ser reubicados, no desvinculados, como indicó Marco Campoverde. “Nosotros no somos altos funcionarios. Somos jardineros, guardaparques, guías, con sueldos normales. Solo exigimos lo justo, o que nos reubiquen o nos paguen lo que dice la ley. Algunos tenemos hasta 20 años laborando”.

En Quito las demandas fueron las mismas. Despidos, reducción del presupuesto a la Educación Superior, Ley de Apoyo Humanitario. A la movilización se unieron trabajadores de Correos del Ecuador, estudiantes, trabajadores de la Salud, estudiantes, docentes. Una de las mayores concentraciones salió de la Caja del Seguro. El distanciamiento hizo parecer que había un mayor número de manifestantes.

El comandante de Policía del Distrito Metropolitano, Fausto Salinas, destacó que los asistentes utilizaron mascarillas, objetos de bioseguridad y marcharon pacíficamente. Sin embargo, indicó que esa tranquilidad pudo verse empañada por la intervención unas 60 o 70 personas en actitud violenta.

Ocurrió en las calles Chile y Guayaquil, en el centro histórico. Los manifestantes provocaron a la policía lanzando piedras, palos y botellas. El pedazo de una de las botellas de vidrio que impactó en el piso provocó un corte a un oficial que le significó cinco puntos.

Los policías hicieron formaciones disuasivas y retiraron a los agresivos que no respetaban el distanciamiento, se quitaban las mascarillas. No hubo detenciones.

Según José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGTE), en 23 provincias marcharon unas 30.000 personas. Dijo que miles de trabajadores “han demostrado su descontento y rechazo de la política” del presidente Moreno y por el archivo de la ley humanitaria que ellos denominan de ‘la esclavitud’.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, habló de unos 4.000 manifestantes en el país.

En días pasados, la Corte Constitucional instó al Gobierno a respetar el derecho a la protesta que, según los dirigentes, seguirá en las próximas semanas. El secretario del gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, dijo ayer a un medio local que se cumplirá el pedido. Pero negó que el descontento de los ciudadanos sea legítimo. “Los que van a manifestarse son el MPD, ciertos grupos indígenas radicales y el correísmo”, dijo.