Parece no tener fin el enredo para elegir al defensor público

El sistema que inventaron en Montecristi para la designación de ciertas autoridades de control y otras ha demostrado ser un fracaso. Es posible que incluso los resultados sean mucho peores que los que habían durante aquello que los noveleros que dijeron que habían refundado el país con la Constitución del 2008 llamaban la partidocracia. 

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Ejemplos hay muchos: uno de ellos es el caso del contralor. Con el nuevo sistema que se basa en lo que se llama el quinto poder o de control ciudadano, se ha elegido a tres contralores, de los cuales uno está preso en Estados Unidos, otro preso en Ecuador y un tercero que recién comienza su gestión.

La calidad de los contralores (con todos los defectos que pudieron tener) elegidos por la llamada partidocracia con ternas presentadas al Congreso era muy superior a la actual. Ahí están los casos de Hugo Ordóñez Espinosa, Marcelo Merlo, Oswaldo Molestina Zavala, Germán Carrión Arciniegas, Benjamín Terán Varea, Alfredo Corral Borrero, entre otros.

El nuevo sistema impuesto por los noveleros de Montecristi no solo que ha provocado que la gran mayoría de las nuevas autoridades sean funcionales al gobierno de turno o a una corriente política determinada, y que su calidad profesional sea bastante lamentable, sino que tiene sometido al país a un proceso engorroso, nada transparente y donde los intereses de grupos políticos o empresariales tienen un peso definitivo. Para muestra un botón: lo que está pasando actualmente en el proceso de designación del nuevo defensor público, tarea que recae en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el organismo que más enorgullece a los áulicos de Montecristi.

Resulta que ayer lunes 20 de mayo, empezó a circular un video de Daniel Frías Toral, el aspirante mejor puntuado del concurso que el CPCCS lleva adelante para designar al nuevo defensor público. 

Lo que dice Frías Toral es bastante ambiguo, aunque da a entender que se retira del concurso. “Doy un paso al costado”, dice en un segmento del video, pero también da a entender que a lo que renuncia es a cualquier acción de protección en caso de que no sea designado al cargo. 

En el mensaje escrito que colocó junto al video dice: “renuncio y desisto de cualquier acción ante la decisión que tome el @CpccsEc y si tengo que dar un paso al costado y que sea otro el nuevo defensor público, que así sea. No me apego ni me aferro a un cargo, dejo todo en manos de Dios, pues no he hecho nada malo y si un ataque mediático es falta de probidad y afecta la institucionalidad en el Ecuador, me retiro con la satisfacción del deber cumplido”.

La ambigüedad del mensaje cobra aún mayor relevancia con el hecho de que hasta finales de la tarde de ayer lunes 20, hasta el CPCCS no había llegado ninguna comunicación de Frías diciendo que renuncia al concurso. Sin algo por escrito, no podemos hacer nada, dijo a este medio la consejera del CPCCS Mishelle Calvache.

El video aparece luego de una serie de publicaciones que cuestionaron el más que probable nombramiento de Frías Toral como defensor público. Las observaciones se deben básicamente a que Frías compró de forma poco clara un vehículo blindado y de alta gama que antes había pertenecido a Xavier Jordán, involucrado en el caso Metástasis y amigo del narcotraficante Leandro Norero. 

Un carro que luego estuvo en manos de Ronny Aleaga, prófugo de la justicia por el caso Metástasis y exasambleísta de la Revolución Ciudadana. Frías Toral sostuvo al principio que todo era una simple coincidencia y que había comprado el carro a un vendedor de carros usados al que no conocía. 

Una investigación de EXPRESO halló, sin embargo, que el vendedor compartía oficina con Frías Toral y que eran socios en varias empresas. ¿Con esas dudas puede ser defensor público?

El que Frías Toral haya ganado el concurso y eventualmente renunciado a la posibilidad de ganarlo, ha colocado al CPCCS en una situación compleja. Por un lado, ese organismo sostiene que es muy poco lo que puede hacer por eliminar a Frías del concurso pues, sostienen sus consejeros, no existe ningún acción legal o demanda formal en su contra. No existe nada oficial desde la Fiscalía y nadie ha presentado una apelación al CPCCS.

Pero eso no es todo. Entre varios consejeros de ese organismo existe la certeza de que, si en efecto renuncia Frías como aparentemente está anunciando en el video, la cosa se complica aún más, pues el segundo en el concurso es el juez Byron Guillén, quien aparece en los chats del narcotraficante Leandro Norero dentro del caso Metástasis. Sin embargo, al igual que en el caso de Frías, no hay nada en su contra en la Fiscalía, ni en el CPCCS.

Y la cosa no para ahí, porque para un consejero del CPCCS que habló con este medio pero no quiso ser mencionado, los dos siguientes también tienen serios cuestionamientos o conflictos de interés. Uno de ellos incluso es testigo protegido de la Fiscalía en el caso que se sigue por la corrupción en el Consejo de la Judicatura.

¿Qué hacer en este caso? De acuerdo con un mensaje puesto en X por el abogado Santiago Peñaherrera Navas, el CPCCS debería retrotraer el concurso a la fase de impugnación para que se suspendan estos posibles nombramientos a personas sobre las que recaen serias dudas de honorabilidad. 

Sin embargo, esto tampoco parece ser muy fácil. Primero por las apelaciones que podrían hacer los candidatos cuestionados y luego por el hecho de que cada apelación debe resolverse con una votación. Por ello, la elección del nuevo defensor público parece que podría demorarse mucho e incluso trabarse sin solución a la vista.

Así están las cosas con el sistema que los de Montecristi dijeron que iba a salvar el país.

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