Paro: Analizan posible filtración de violentos en marchas del 8 de marzo
Expertas en seguridad analizan la situación política-social frente a los anuncios de movilizaciones para los próximos días
Analistas de seguridad creen que es "bastante probable que existan grupos violentos que están buscando desestabilizar al Gobierno que terminen de alguna manera mezclándose o aprovechando la marcha del 8 de marzo". Varias organizaciones sociales han anunciado su participación ese día para apoyar los pedidos de las mujeres.
Esa posibilidad está latente por la friccionada situación política del país (cuando el correísmo, sectores del indigenismo y de otros espacios buscan destituir al presidente Guillermo Lasso) y los antecedentes de los paros del 2019 y del año pasado, en los que no se descartó la presencia de grupos extranjeros y uso de armas de fuego, analiza Johanna Espín, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).
"A raíz del 8 de marzo, como fecha inicial, sí podría darse el caso de que grupos violentos y desestabilizadores terminen involucrándose. No considero que ese mismo día se dé algo que se pueda mantener o sostener en el tiempo, porque hay también una convocatoria para el 9 de marzo, porque quizás allá más movilizaciones los días posteriores", indica Espín.
Diana Mejía, también experta en temas de seguridad, refiere la alta carga política que tendrá la marcha por el Día de la Mujer.
"El Gobierno enfrenta una seria crisis, que podría llevarlo a la destitución, y a pesar de que esta marcha no es una paralización sí va a expresar un descontento social sobre las políticas no implementadas a favor de las mujeres y de otros sectores de la sociedad", apunta Mejía.
El correísmo, sectores del indigenismo, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y de otros espacios han expresado públicamente sus intenciones para destituir a Lasso.
La vía legislativa es uno de los caminos: El pleno de la Asamblea Nacional aprobó el 4 de marzo pasado el informe de la Comisión Ocasional creada para investigar una supuesta trama de corrupción en las empresas públicas en cuyas recomendaciones consta iniciar un juicio político al presidente Guillermo Lasso.
La moción fue presentada por la presidenta de esa mesa Legislativa, Viviana Veloz, de Unión por la Esperanza (Unes) -que responde al expresidente Rafel Correa, prófugo de la Justicia- que aceptó incluir dos modificaciones planteadas por Patricia Nuñez y el socialcristiano Esteban Torres que, en el fondo, no cambia el documento. A ella se la vincula con políticos relacionados con ciudadanos albaneses, según asambleístas que han publicado fotos y videos, en las últimas horas.
Fueron 104 los legisladores que se pronunciaron a favor de la sugerencia del juicio político al mandatario.
En tanto que 18 asambleístas se opusieron a la aprobación del documento por considerarlo "falso y conspirador".
El texto exactamente señala “enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, en el grado de comisión por omisión, al tenor de lo que prescriben los artículos 23, 28, 42 y 422 del Código Orgánico Integral Penal, pues conductas analizadas se adecuan al cometimiento de los delitos establecidos en el artículo 129 numeral 2 de la Constitución”.
Al ser un informe no vinculante, la aprobación del mismo no marca el inicio del juicio político. Para aquello se necesita que uno o varios asambleístas recojan las firmas de apoyo y la presenten al presidente de la Asamblea.
Esto debe ser analizado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) que, de calificarlo, deberá enviar la documentación a la Corte Constitucional (CC) para que emita un dictamen de admisibilidad que, de ser favorable, daría inicio al juicio político propiamente dicho.
Las expertas consultadas consideran que por varios factores el nivel de violencia de las potenciales protestas podría ser menor al que se registró en junio de año pasado o en octubre del 2019.
"Después de los acontecimientos ocurridos en esos años existe mucha resistencia por parte de grupos sociales, por ejemplo en Quito, a paralizar las actividades de la ciudad", menciona Johanna Espín, experta en temas de seguridad.
El tiempo de espera para que la CC analice la situación y emita un dictamen también servirá como una suerte de válvula de escape de la presión política, pero eso estará por verse.
