El curso de la protesta indígena, en manos legislativas

“No queremos que la capital del país se convulsione. Es hora de que quienes tienen que ver con esta situación de paralización, fundamentalmente el Ejecutivo, tomen las mejores decisiones. Que se llegue a un consenso”. Esta es la posición del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, sobre las jornadas de protesta que se registran desde el lunes 13 de junio en Pichincha, Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Santa Elena, Los Ríos y otras provincias de la Sierra y Costa.

El funcionario se pronunció el sábado y dijo que este lunes 20 de junio el pleno de la Asamblea sesionará para revisar la petición de 72 asambleístas que buscan la revocatoria del decreto 455, con el que el presidente Guillermo Lasso declaró un estado de excepción en esas tres primeras provincias y en el que se detallan otras acciones para recobrar el control.

La resolución que se defina en el Poder Legislativo entrará en vigencia de forma inmediata, explica Rafael Oyarte, docente de Derecho Constitucional: “Usted tiene dos tipos de control, el control político, que hace la Asamblea, y el control jurisdiccional, que hace la Corte Constitucional. En cualquiera de los dos ámbitos, la Corte Constitucional, solo por razones de inconstitucionalidad, y la Asamblea, por razones de conveniencia, pueden dejar sin efecto el decreto del estado de excepción. Cuando la Asamblea revoca el decreto, este (documento) deja de operar inmediatamente”.

Ante ese escenario, el gobierno de Lasso puede emitir otro decreto, refiere el constitucionalista Ismael Quintana, aunque, advierte, esa dinámica podría entrampar aún más la situación política del país.

“Una cosa es que la actuación de la Asamblea pudiese ser conforme a derecho y otra cosa que sea lo responsable y conveniente para el país. Esta vez, la Asamblea tendrá que sopesar la decisión que toma. Revocar el decreto significa quitarle al presidente Lasso la herramienta constitucional para tratar de superar en algo esta contingencia”.

El decreto 455, que define a Quito como zona de seguridad, donde las Fuerzas Armadas y la Policía aumentan su presencia y operaciones, y que permite el embargo de bienes para recobrar el orden, entre otras acciones, generó reacciones en la dirigencia indígena, cuyo líder, Leonidas Iza, calificó de dictadura al gobierno de Lasso.

Quintana comenta que el punto que le generaba ruido del texto inicial era aquel que limitaba la libertad de información, que fue retirado del documento que está en vigencia. Sobre el artículo que refiere el uso progresivo de la fuerza, indica que “el decreto no está mandando a policías a matar manifestantes; el decreto dice que la fuerza pública va a tener que emplear la represión de modo paulatino, progresivo, es decir, si es que el policía ve que viene un manifestante con un arma de fuego, el policía no le puede reprimir con tolete o gas pimienta, porque la vida del policía corre riesgo”.

Oyarte, en cambio, se enfoca en el artículo sobre la suspensión de la libertad de asociación y reunión: “¿Cuál es la corporación que no va a poder funcionar? ¿La Conaie? En realidad, el artículo se refiere a la libertad de reunión, agrupar, ahí dice ‘aglomerar’, para que (no) participen en manifestaciones”. Algo que le llamó la atención al constitucionalista es que en menos de 24 horas de que se emitió el decreto, el Gobierno convocó a la ciudadanía para que se sume a una marcha por la paz, una actividad que evidentemente requiere de una reunión.

PARA SABER

Período

La declaratoria del estado de excepción tendrá una vigencia de 30 días para reforzar la seguridad.

Fuerzas del orden

La movilización de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía a Pichincha, Cotopaxi e Imbabura.

Movilidad

El impedimento de circulación en Quito, con un toque de queda, que rige de 22:00 a 05:00, con excepción de personal de ciertas áreas.