
Participación, la ansiada llave para el control de los poderes
La pugna interna en el CPCCS resucita la suspicacia en torno a un ente creado en la etapa correísta. Replantean alternativas para la designación de cargos
El interés por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no es nuevo. El organismo encargado de designar a las autoridades de control, como la Contraloría o las superintendencias, es la llave a todos los poderes del Estado tal como se concibió durante el Gobierno de Rafael Correa y preserva el atractivo como botín político.
Para los expertos, el problema de fondo es la facilidad que tiene esta institución para, a través de una mayoría simple, influir en la nominación de autoridades respondiendo a unos u otros intereses. Ese punto de fuga es lo que ha resucitado las suspicacias, en medio de la pugna interna de consejeros, y el debate sobre cómo reemplazar el ente y a quién entregar sus poderosas atribuciones.
En ese sentido, el exasambleísta constituyente Leonardo Viteri recuerda que para el Gobierno de Correa “era más fácil manejar a cinco individuos que a todos los asambleístas”. Para él, el modelo republicano debe primar. Es decir que las cabezas de las instituciones de control sean elegidas por el Legislativo. Sin embargo, al ser cuestionado por la politización que también puede sufrir el proceso en la Asamblea, Viteri señala que “hay que diferenciar la política de los políticos”.
El mecanismo, según Viteri, sería que un tercero (que puede ser una entidad de control, una oenegé o la sociedad civil) organice el concurso público y funcione como primer filtro. Luego, que los tres o cinco mejor puntuados sean remitidos a la Asamblea Nacional para que los parlamentarios impugnen y escojan a la autoridad de la entidad de control.
Por su parte, el abogado Mario Cuvi coincide en que “el equilibrio de poderes es lo que fortalece a la democracia”. Aunque acepta que no hay modelos perfectos, considera que el sistema de ternas sería el más adecuado, ya que es lo que se “utiliza en la mayoría de democracias en el mundo”.
Esto implica que el Ejecutivo envíe una terna a la Asamblea Nacional, o viceversa, para escoger a las autoridades. “En este momento, esa es la solución más efectiva y adecuada para reemplazar al Consejo”, puntualiza Cuvi.
Las propuestas de Viteri y Cuvi buscan la eliminación del CPCCS. Sin embargo, el consejero David Rosero opina que la institución debe permanecer y que podría participar en una tercera opción.
“Las elecciones universales legitimarían a las autoridades de control”, sostiene Rosero y explica que el Consejo funcionaría como “filtro para no aceptar a cualquier candidato” y que el CNE se encargaría de realizar la promoción y el proceso electoral como tal.
Más allá de las formas, para Rosero el objetivo es evitar que “cualquier gobierno se tome esta institución y a través de ella pretenda concentrar el poder”. Asimismo, no descarta que sea el Consejo el que envíe ternas a la Asamblea Nacional.