La participación ciudadana en Quito requiere de reformas legales urgentes
Hay un texto en discusión. La norma vigente es confusa y no promueve la organización y el control
Es una herramienta que busca beneficiar pero que, como ha sucedido con frecuencia, se transforma en un mecanismo de manipulación y de presión política. La Ordenanza Municipal 102 -que luego se incluyó en el Código del Municipio- asegura promover la participación ciudadana en barrios, parroquias y en la toma de decisiones pero su uso ha sido limitado y hasta enfrenta a los moradores de una misma zona.
La ordenanza plantea, como uno de los problemas más graves, que la organización barrial es fundamental para la convivencia ciudadana pero deja cabos sueltos que complican a las directivas actuales. El documento, vigente desde la gestión de Mauricio Rodas, ordena que una asamblea barrial pueda decidir y conformarse solo con 30 moradores. El número, además de deslegitimar a los presidentes, directivas barriales y comités pro mejoras escogidos por votación popular, permite que cualquier grupo no representativo tome decisiones.
En un ejemplo, el barrio de nivel socioeconómico medio-alto, Quito Tenis, tiene una población aproximada de 4.254 personas. Con la ordenanza, además de una dirigencia barrial, se podrían conformar 141 diferentes asambleas que opinen y sean parte de las gestiones administrativas de la comunidad.
El caso es más grave si se toman barrios más populares y poblados. Hasta 2017, último dato actualizado, La Vicentina -en el centro de Quito- contaba con unos 7.000 habitantes. Es decir, existía la posibilidad de conformar 233 asambleas barriales.
¿Cuál es la consecuencia negativa de la proliferación de asambleas? Lo primero, según los mismos vecinos de los barrios, es que la toma de decisiones y las peticiones al Municipio se retrasan y confunden. Una asamblea puede solicitar algo que no va acorde a lo que otra solicita. Esa contradicción afecta el trabajo y retrasa la ejecución de obras, proyectos y programas por parte del Municipio de Quito.
El Comité Pro Mejoras de los barrios tiene legalidad y legitimidad pero no puede llevar adelante su requerimiento si interviene una asamblea barrial. Eso, pese a que el comité responde ante el control municipal y hasta del Ministerio de Vivienda.
La Asamblea, de su parte, no responde a las autoridades ni cuenta con un control.
Hay otro problema aún más político. Una autoridad municipal puede utilizar a una asamblea para impulsar sus propuestas aunque el resto del barrio no esté de acuerdo.
Juan Carlos Rojas, presidente del barrio La Tola, propone modificar la Ordenanza 102 para eliminar las ambigüedades del texto vigente. “Debemos buscar una participación responsable, eso no existe en el actual documento. Así pueden nacer veedurías y observatorios de la comunidad hacia las entidades estatales”, dijo.
Actualmente, afirma el dirigente, los mecanismos de control desde el ciudadano hacia el poder son limitados.
La participación ciudadana también está golpeada. La falta de claridad de la Ordenanza permite que una parroquia de más de 30.000 habitantes tenga representantes que fueron elegidos por 40 o menos personas. En el Centro Histórico, por ejemplo, no hay una capacitación permanente para que la ciudadanía sepa quiénes pueden votar y qué requisitos se necesitan para ser parte de la elección popular.
Fernando Morales es concejal de Quito y lidera la mesa de Participación Ciudadana. Él decidió reformar la Ordenanza para que, según sus palabras, se construya un texto con las partes y se genere una verdadera participación. Hasta el momento, se han desarrollado más de 24 talleres en diferentes barrios, juntas parroquiales y organizaciones de la sociedad civil para acoger sugerencias.
Los talleres continuarán para la redacción de un texto que “no esté anclado al escritorio”, dijo.
Morales destaca una preocupación adicional. La nueva Ordenanza debe garantizar que el presupuesto participativo con el que cuentan los barrios y administraciones zonales pueda ser utilizado para cubrir necesidades reales y de la mayoría. No de grupos específicos.
El concejal ya tiene un documento borrador que es de acceso a la ciudadanía para sus observaciones y aportes.
