La participación ciudadana reconoce sus lados flacos

Fue una cita de ‘mea culpas’, una tomada de pulso de la eficacia y la eficiencia de la participación ciudadana, sus mecanismos y, por supuesto, los trasfondos que conlleva mantener o no el Consejo, los vericuetos de su estructura, organización, logística y acciones de inclusión.

EXPRESO fue invitado este mes al encuentro que organizaciones sociales llevaron a cabo, de forma virtual, para la asamblea del Foro Nacional y Mundial en Defensa de la Participación Ciudadana (Fonapar).

Allí, la consejera Ibeth Estupiñán, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), oyó, de voz de los verdaderos protagonistas de la participación, requerimientos, preocupaciones y, en definitiva, una evaluación integral de esta herramienta ciudadana.

El Fonapar agrupa a líderes de organizaciones sociales y defiende y promueve el ejercicio de los derechos de participación ciudadana y control social. De allí que la reunión haya servido, además, para hacer ‘check list’ a los elementos frágiles de la participación.

César Guevara, representante de la Federación de Artesanos de Milagro y miembro de Fonapar, reconoce que una de las debilidades es la politiquería, que merma la independencia de los organismos de participación y pone en duda sus verdaderas intenciones.

“Una participación sólida no existe. Siempre habrá grupos que impulsan ciertas candidaturas, de acuerdo con las ideologías. Lo óptimo, por supuesto, sería trabajar con independencia”, dice. Desde su perspectiva, el Consejo nunca será independiente, como pasa con cualquier otro poder del Estado. “Siempre habrá trabas e intereses”.

Ya en campo, también se hallan puntos débiles. “La Constitución garantiza la silla vacía como mecanismo de participación, pero ningún Consejo ha procurado que se cumpla ese derecho, que se irrespeta en gobiernos locales y es un secreto a voces”, insiste.

César Cárdenas, coordinador nacional del Fonapar, coincide con esa postura. “La mayoría de líderes sentimos que el CPCCS tiene serias limitaciones. No se ha respondido adecuadamente a los procesos de control social que, en cambio, la ciudadanía sí ha hecho, con veedurías autogestionadas. Por ejemplo, hay demoras en aprobar informes, no se da seguimiento a estos. Es como si el trabajo no pudiera concretarse en una solución”, explica.

También reconoce que, en cambio, cuando hay llamamientos para veedurías de designación de autoridades, partidos y movimientos políticos se activan para poner a su gente. “Eso es peligroso. Note algo: en la veeduría que controlará al contralor, ya hay más de 700 personas inscritas, pero pocos son los verdaderos representantes de organizaciones independientes. La gran mayoría es gente que tiene intereses políticos, que terminan por alzarse con las nominaciones. Y eso sucede en todas las comisiones. Es lamentable, afecta el real derecho de participación, a su esencia”, critica.

Johanna Saavedra, de una asamblea de Durán, concluye que “es urgente hacer cambios en la ley, para que la participación no tropiece con las ordenanzas”. Y resaltó que es hora de que se hagan cambios estructurales profundos.

En la cita, la consejera Ibeth Estupiñán presenta argumentos ante cada uno de los pedidos y críticas: “No hay equipos. No hay cómo pagar. Y sin recursos no se puede continuar con los procesos. Hay poco personal. Solo 292 personas para 24 provincias. No es queja. El Consejo no tiene infraestructura para que funcionen las comisiones ciudadanas”.