La participacion de los ciudadanos
Montesquieu fue uno de los hijos predilectos de la Ilustración y en el curso de su estadía en Londres, como Miembro de la Real Sociedad de Ciencias, desarrolló las ideas de John Locke acerca de la división de los poderes del Estado. Su Espíritu de las Leyes (Ginebra, 1748) lo puso en el sitial de precursor del liberalismo, y teórico de la concepción del Estado moderno y democrático. En su obra, Montesquieu consagró la división de poderes, la cual establece que el Legislativo es la instancia de las leyes (y añadiríamos hoy, la fiscalización); que el Ejecutivo preside las funciones de gobierno (defensa, exteriores e interiores), y que las Cortes administran la justicia en lo civil y penal. La separación de poderes se basa en un sistema de controles y equilibrios (“checks and balances”) que, en la Constitución americana, establece la autoridad presidencial para nominar a las autoridades y magistrados, quienes a su vez son sometidos al escrutinio y confirmación por la Legislatura, y, como magistrados, administran la justicia.
Al igual que los jansenitas y los jesuitas, que se opusieron tenazmente a las ideas de Montesquieu, los ideólogos del SSXXI aducen la obsolescencia de tales conceptos, y dieron paso a la instancia de participación ciudadana y control social para ejercer del poder absoluto a través de la designación, puertas adentro, de las autoridades del Estado, sin controles ni equilibrios. Es así como se ha cocido el totalitarismo (y su corolario inevitable: la corrupción), pues al estar todo amarrado, los concursos se tornan en farsas que favorecen a los obsecuentes servidores del poder por ser miembros o afines a un partido político que preside sobre las funciones de Fiscalía, elecciones, veedurías, Cortes, Contraloría, y las demás instancias del poder delegado.
En tiempo presente, los comisionados, celosos de sus atribuciones, han decidido objetar la conformación por parte del contralor de la comisión de auditoría de la deuda pública contratada y ejecutada en el gobierno de Correa. Citando la Constitución, leyes y artículos que consagran su monopolio para proteger la opacidad del gobierno socialista, argumentan que no fueron consultados. Se respaldan en leguleyadas para así mantener la injustificable e ilegal censura sobre las contrataciones de la deuda ¡por los próximos treinta años! y dejar en el limbo información que revelaría, por ejemplo, que ¡las comisiones y gastos pagados en la emisión de bonos fueron el doble de las pagadas por Bolivia! Se trata, como en el caso de Odebrecht, de poner todos los obstáculos posibles para ocultar la verdad respecto de negociaciones tan lesivas que nos cuestan a los contribuyentes varios miles de millones de dólares en sobrecostos originados en la mala práctica económica del gobierno de Correa.
La segunda pregunta de la consulta les quita el sueño a quienes asomaron a la luz como producto de esta espuria instancia del SSXXI. Pero debe quedar claro que no se trata de reemplazar a correístas por morenistas. Se trata, eso sí, de desterrar la barbarie, promover la participación de los ciudadanos, y retornar a la visión de Montesquieu y de las tradiciones liberales y democráticas.
