Participacion pone retro a la creacion de comision

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) decidió este 18 de julio de 2019 acatar las medidas cautelares y desistió de conformar la comisión que iba a revisar el proceso de designación de la actual Corte Constitucional.

La lectura de un informe de la Coordinación Jurídica del organismo convenció, aunque a regañadientes, a los cuatro consejeros que votaron por la creación de esta comisión, el 10 de junio, que no debían continuar con la idea.

A la sesión del pleno acudieron el presidente del Consejo, José Carlos Tuárez, la vicepresidenta Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria Desintonio que se declararon los “consejeros de la verdad”.

María Fernanda Rivadeneira, Sofía Almeida y Christian Cruz se excusaron de acudir a la sesión argumentando diferentes motivos que fueron rechazados por los presentes.

Las medidas cautelares fueron presentadas, el viernes pasado, por el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, y el asambleísta Fabricio Villamar.

Ni bien iniciada la sesión y aún sin la lectura del informe jurídico, Chalá propuso que se incluya en el orden del día dejar sin efecto la decisión tomada en el pleno anterior sobre la conformación de la comisión.

Eso ya estaba contemplado en el punto cuatro de la convocatoria de este 19 de julio.

El presidente Tuárez dijo que aceptaba la decisión de los jueces pero responsabilizó a García, Villamar y a los asambleístas Jeannine Cruz y Raúl Tello, que impulsan un juicio político y una investigación fiscal por desacato, de que no le están dejando trabajar.

En tanto que Desintonio aseguró que la comisión ni se conformó y menos entró en operación. Según la funcionaria ni siquiera se había notificado a los integrantes que fueron propuestos en la anterior sesión.

“Ni siquiera nos dejan avanzar en los actos jurídicos y nos ponen medidas cautelares. Hay que retirar la moción y no abstenerse de crear la comisión porque no está creada”, dijo Desintonio.

El CPCCS también decidió acatar la medida cautelar solicitada por la asambleísta, Isabel Verdezoto, para que se frene el nombramiento de un nuevo Defensor Público porque se lo querría hacer, supuestamente, sin seguir el proceso regular de selección.

Esto fue negado hoy por el Consejo de Participación que se ratificó en la decisión de convocar a un concurso para designar a esta autoridad que, por falta de tiempo, no pudo ser nombrada por el transitorio.