Participación, el verdugo de la fiscalización social

Un rol difícil de cumplir. Pese a que la promoción y el fomento de la transparencia y la lucha contra la corrupción es una de las competencias del Consejo de Participación, su aplicación y fortalecimiento (como algunos candidatos a consejeros dijeron a este Diario en días anteriores) es una “promesa al aire”, según expertos en anticorrupción y transparencia, ya que la facultad de designación de autoridades es un ‘poder’ que termina eclipsando cualquier otra voluntad dentro del Consejo.

“La intención de llegar (al CPCCS) radica en la capacidad de la entidad para designar autoridades”, dice Ricardo Ramírez, de la Comisión Nacional Anticorrupción en Guayas y señala que cualquier otro asunto que no esté alineado a eso (como las denuncias ciudadanas e investigaciones sobre los fotorradares publicadas por EXPRESO) son apartados o relegados a un segundo plano. En ese sentido, recuerda que la ‘contraloría social’ para fiscalizar lo público ya está consagrada en la Constitución, pero que la existencia del Consejo solo “mediatiza un derecho”.

“Un ejemplo de ello somos nosotros como Comisión Nacional Anticorrupción que venimos actuando como una organización de hecho y de una manera cívica, sin la necesidad de intermediarios”, continúa y señala que el fomento de la organización social hace falta en los ecuatorianos y que, aunque también es otra de las competencias del Consejo, esta es omitida por “otros intereses”. Como consecuencia, según Ramírez, se ha creado la sensación de desamparo en la ciudadanía y la ha reposado en la entidad de Participación.

Dependencia que para el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, no está acompañada por el compromiso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. “Desde su creación (el Consejo) ha enfocado todos sus esfuerzos en los procesos de designación de autoridades, dejando de lado las demás atribuciones en materia de promoción de la participación y el control social”, indica.

Asimismo, sobre la fiscalización social o la ‘contraloría social’, señala que solo se podrá fortalecer “cuando la ciudadanía comprenda sus derechos y deberes; y las instituciones públicas cumplan con los principios de transparencia y entreguen información”, ámbitos en que “ha habido un incumplimiento de los mandatos constitucionales” por parte del Consejo de Participación.

Este escenario, según continúa Alarcón, muestra que “en Ecuador no hay las condiciones para fortalecer la contraloría social, mucho menos cuando se intenta hacer que esta dependa de una institución pública plagada de intereses políticos y electorales”. Además, indica que aunque el Consejo tiene la atribución para investigar casos de corrupción y denunciarlo, es la ciudadanía la que debe tomar la posta no solo por ser un deber constitucional, sino por la necesidad de aportar al buen manejo de la gestión pública, los recursos públicos y el poder. Y, sobre todo, que esta no dependa de una institución “plagada de otros intereses”.