La pasividad del CPCCS está por prorrogar a más autoridades, ¿por qué y cuáles son?
La ineficiencia del Consejo de Particiapción, según analistas, da señales de una agenda política en los concursos
Con la ratificación de la destitución de los miembros de la Liga Azul afines al correísmo, la opinión pública ecuatoriana creyó que los procesos de designación de autoridades, que se venían arrastrando, finalmente lograrían llegar a buen puerto.
Sin embargo, más de dos meses después, el panorama sigue igual o incluso ha empeorado. Si persiste la pasividad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Ecuador llegará a mediados de 2025 con al menos cinco instituciones con autoridades prorrogadas en sus funciones.
A las autoridades prorrogadas del Consejo Nacional Electoral (CNE), del Consejo de la Judicatura y de la Defensoría del Pueblo, se sumarán las del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), cuyo periodo concluye en mayo, y la de la Fiscalía General del Estado, cuyo mandato finaliza este 8 de abril de 2025.
Este Diario intentó contactarse con el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, para consultarle sobre el estado de los procesos de designación y los motivos de las demoras que han provocado la prórroga de varias autoridades de control. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.
El Estado de los concursos de renovación de autoridades de control
En el caso del CNE, el CPCCS recién está por iniciar la etapa de oposición para la renovación de dos de los cinco vocales, un proceso que debió haberse terminado en 2021. Además, aún tiene pendiente convocar el concurso para reemplazar a los otros tres consejeros electorales, cuyo periodo concluyó en noviembre de 2024.
Por otro lado, en el caso de la Defensoría del Pueblo, desde la destitución de Freddy Carrión en 2021, el CPCCS no ha logrado avanzar en su reemplazo. De hecho, el proceso sigue estancado en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, a pesar de que el periodo de la actual autoridad encargada concluyó en 2024.
En el caso del Consejo de la Judicatura, cuyos vocales concluyeron sus funciones a finales de enero de 2025, la renovación de sus autoridades permanece estancada por la falta de la terna que debe enviar la Función Ejecutiva, liderada por el presidente y candidato Daniel Noboa.
Sobre la demora en el envío de la terna, el ministro de Gobierno, José De La Gasca, indica a EXPRESO que hasta al momento no lo habían hecho por el “evidente riesgo de manipulación y cooptación de la Liga Azul de los órganos de control (en este caso la justicia) en el CPCCS” y que los chats del exconsejero Augusto Verduga les daría la razón.
Aunque no especifica si lo harán antes o después de la segunda vuelta del 13 de abril, De La Gasca dice que ya están listos y que “pronto el señor presidente enviará la terna con nombres probos y probados. La independencia e integridad en la justicia siempre será alto valor nacional que como Gobierno nos compete tutelar”.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha ido sumando historias de descrédito, que hacen que, una vez más, se escuche que debe desaparecer.
— Diario Expreso (@Expresoec) March 20, 2025
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Fiscalía y el TCE están por entrar a la lista de las autoridades prorrogadas
No obstante, la prórroga en funciones comienza a convertirse en una realidad para más instituciones del Estado. Por ejemplo, para la Fiscalía General del Estado, cuyo periodo concluye en abril de 2025, y para el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que culmina funciones en mayo del mismo año.
En el caso de la Fiscalía, el concurso impulsado por el CPCCS apenas cuenta con la conformación de la veeduría ciudadana, y aún restan las etapas de méritos y oposición. Por su parte, el proceso para renovar al TCE permanece estancado en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección.
La prórroga en funciones de un número creciente de autoridades del Estado ecuatoriano, a decir del jurista y exasambleísta Héctor Muñoz, evidencia una vez más el deficiente trabajo de las últimas administraciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
“Es una vergüenza más dentro de la nefasta actuación del CPCCS. Es una burla que no sean capaces de realizar los concursos a tiempo para nombrar a las autoridades de control”, comenta. Añade que estos patrones solo incrementan la desconfianza ciudadana en las instituciones.
En esa línea, la jurista y docente María Dolores Miño sostiene que el recambio no es solo una disposición normativa, sino que tiene un sentido mucho más profundo: “Más allá de si un funcionario es bueno o malo, la idea es que cada cierto tiempo haya un cambio, para evitar que las autoridades se perpetúen en el poder y exista un límite y equilibrio en el ejercicio de ese poder”.
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Por su parte, el analista político Alfredo Espinosa advierte sobre lo peligroso que resulta normalizar la permanencia de autoridades prorrogadas, sin considerar que esto implica un estancamiento institucional. Además, subraya que procurar el balance de poder debería ser también responsabilidad de las propias autoridades prorrogadas, quienes, según él, deberían exigir a los consejeros del CPCCS que hagan bien y a tiempo su trabajo.
La pasividad del CPCCS: ¿una agenda política en los concursos?
Para la jurista y docente María Dolores Miño, la ineficiencia del CPCCS ya no responde únicamente a temas operativos, sino a una agenda política que afecta directamente el desarrollo de sus funciones.
“La preocupación detrás de esto son las razones por las cuales no se avanza con los concursos. No se trata de cuestiones operativas ni de fuerza mayor, sino que parecería que se trata de cálculos políticos, donde se estaría esperando que se decante el proceso electoral para, quizás, nombrar a personas afines al poder de turno”, dice.
En ese sentido, el analista político Alfredo Espinosa acota que la falta de resultados del CPCCS también obedece a que la institución y sus autoridades se han visto envueltas en polémicas que los han distraído de sus verdaderas funciones.
“Las autoridades del CPCCS han estado más preocupadas por tratar de limpiar su nombre, por los conflictos internos de la institución, y por ver cómo sus partidos políticos afines captan el poder”, señala.
Este escenario, según Miño, es preocupante, porque implicaría que existe una “suerte de manipulación política de autoridades de control que, en primer lugar, deberían ser independientes y, en segundo lugar, no deberían ser elegidas por un cálculo político, sino a través de estos mal llamados concursos de méritos y oposición”.
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