Patricio Carrillo acusa al correísmo de persecución política

No se quedará de brazos cruzados. El asambleísta nacional electo por el movimiento Construye, Patricio Carrillo, anunció este 20 de septiembre de 2023 una serie de acciones para enfrentar la arremetida correísta que busca que no se posesione.

Su abogado, Ramiro García, explicó que si bien Carrillo fue censurado por la Asamblea Nacional "en un juicio político que, aunque se llame juicio, no es un proceso jurisdiccional y no transforma a la Asamblea en un órgano jurisdiccional", dijo.

"Al no ser un órgano jurisdiccional el que emite la sanción no puede devenir de ella un impedimento para ejercer un cargo de elección popular y el Sistema Interamericano hace una clara diferenciación entre cargo público y de elección popular", agregó.

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Este 20 de septiembre los asambleístas electos del correísmo presentaron en el Complejo Judicial del Norte de Quito una acción de protección con medidas cuatelares para impedir la entrega de la credencial y posesión de Carrillo.

La defensa de Carrillo dijo que esa es una oportunidad para dar a conocer su postura ante la justicia en una audiencia y ahí se verá cómo justifican la afectación a sus derechos constitucionales para haber acudido a una acción de protección.

Por otro lado, recordaron que aún nos encontramos en periodo electoral, por lo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) bien podría determinar que hay un intento de obstruir el proceso de democracia directa e intervenga contra el juez que tome resoluciones al respecto.

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Según el correísmo esta serie de acciones, primero impugnando la candidatura de Carrillo, y ahora buscando la forma de impedir que se posesione, no responde a una persecución de tipo político.

Sin embargo, el asambleísta electo de Construye dice que sí y da algunas razones: primero que como ministro del Interior no dejó que los manifestantes se tomen el país por la fuerza en las violentas protestas indígenas de 2019.

"Cómo no va a ser antecedente si quienes estaban atrás de este mecanismo eran aquellos asambleístas que representan a la minería ilegal y no perdonan el operativo realizado en Buenos Aires, Imbabura, para sacar a los que estaban recibiendo de la economía ilegal unos 50 millones de dólares", señaló.

También, apuntó a que muchos de los que están detrás de estas medidas son los que justifican a quienes saquearon la seguridad social de la Policía Nacional. "Esa fiscalización es la que no quieren, pero si la quiere el electorado que votó por nostros", señaló.

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