Paúl Carrasco pide a Participación iniciar el concurso para elegir contralor
El Consejo de Participación transitorio emitió, el año pasado, un mandato para que Pablo Celi se mantenga en el cargo hasta 2022
El dirigente del movimiento Podemos, Paúl Carrasco, anunció este 30 de junio de 2020 que pedirá al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que inicie el concurso para elegir a un nuevo contralor, en reemplazo de Pablo Celi.
El anuncio del exprefecto del Azuay se da en medio de la polémica que existe entre la Contraloría que recomendó la eliminación de cuatro movimientos del Registro de Organizaciones Políticas, por supuestas irregularidades en las firmas presentadas para la inscripción, entre ellas Podemos.
“Pediremos que se nombre un contralor de acuerdo a la Ley y que inicie el concurso para nombramiento de un contralor porque no puede ser que el país tenga un funcionario subrogante. El Consejo tiene toda la facultad para hacerlo”, según Carrasco.
Esto pese a que en mayo de 2019 el Consejo de Participación transitorio emitió un mandato para evitar que los nuevo integrantes del organismo sustituyan a Celi y este pueda concluir el periodo para el que fue designado el excontralor Carlos Pólit, que ahora está prófugo de la justicia, es decir hasta 2022.
De hecho, el actual CPCCS, según su planificación, solo contempla elegir al superintendente de Ordenamiento Territorial; Defensor Público; y a los nueve integrantes de la Conferencia de Soberanía Alimentaria.
Carrasco presentó este 30 de junio una denuncia en el Contencioso Administrativo en contra de Celi. También, ha solicitado una acción de protección de derechos a la Corte Constitucional y pidió la vigilancia de la Defensoría del Pueblo a su caso.
Los dirigentes de Fuerza Compromiso Social, que también tienen observaciones de la Contraloría por la supuesta inscripción irregular, interpusieron una demanda en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra del contralor. El correísmo le acusa de interferir en los comicios de 2021.
Las otras organizaciones políticas que, según la Contraloría, deberán desaparecer son Justicia Social, que está liderado por Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez (caso Sobornos) y Libertad es Pueblo, de Gary Moreno, hermano del presidente, Lenín Moreno.
