Paul Petruzzi, el abogado en el caso Capaya, contratado por Luis Álvarez
El grupo americano fue contratado por un exfuncionario del Decevale en Miami. Estados Unidos le retira la visa a la hija de John Luzuriaga
Luis Álvarez ha contratado al estudio americano de Paul Petruzzi, pero aún no hay algún escrito ni alegato en corte alguna, según supo Diario EXPRESO.
Álvarez, exgerente operativo del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale), es mencionado en un informe de auditoría forense como parte de un grupo de exfuncionarios de dicha entidad que se habrían confabulado con Jorge Chérrez Miño para realizar operaciones fraudulentas con dineros del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).
Aunque no hay detalles de los costos de esta contratación a Petruzzi, Belén Enríquez, que forma parte del staff, mencionó: “Mi oficina representa a Luis Álvarez. Por motivos éticos y profesionales no puedo hablar de clientes, pero sí puedo dar a conocer información que es de dominio público”.
Petruzzi fue abogado de Arturo Escobar Domínguez, quien fue asesor de Carlos Pareja Yannuzzelli (Capaya) en Petroecuador y quien reconoció ante la Corte del Distrito Sur de Florida que formó parte de un esquema ilegal en el cual varios funcionarios de la estatal petrolera y del Gobierno ecuatoriano usaron empresas offshore para esconder coimas otorgadas por contratistas de Petroecuador.
En los escritos presentados por el Decevale ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, División Miami, se pide que se llame a declarar y a presentar la información solicitada a las empresas involucradas en el manejo “irregular” de inversiones del Isspol, por más de 693 millones de dólares.
Y en el documento se menciona la relación de Luis Álvarez con Chérrez.
Entre las empresas a las que se pide declarar se encuentran: Penderton Management; Miyares Group; Argonaut FL; IBCorp Asset Management, Inc; ICS Institutional Custody Services; Jorge Chérrez Miño; Citigroup (Citibank); Lafise Securities Corporation; Ecuador High Yield Bond Fund.
Hasta ahora Citigroup tiene congelados (por pedido del propio Isspol) los fondos del Instituto de Seguridad de la Policía que tiene custodiados a nombre de Chérrez. Son alrededor de 300 millones de dólares, ya que María Paula Romo, exministra de Gobierno, hizo un “approach adecuado” en Estados Unidos vía Global Illicit Financial Task Force (GIFT o GAFI).
Se trata de una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el entonces G8 y su propósito es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Los detalles de esta acción son confidenciales;pero Citi podría recibir una multa enorme, ya que, según expertos, nunca hizo las debidas diligencias para saber si la empresa de Chérrez tenía el capital para respaldar el tamaño de esa transacción. En una consulta anterior, Citibank se excusó con EXPRESO ante la pregunta sobre la transacción de los bonos a través de la casa de valores Picaval. Pero en EE. UU. ese caso tiene repercusiones.
EE. UU. decidió revocar la visa de la hija de John Luzuriaga, acusado de haber recibido coimas de Chérrez. Según conoció Diario EXPRESO, el 8 de marzo pasado, Tíffany Charlotte Luzuriaga Rodríguez fue notificada por la Embajada americana.
Ese mismo día se emitió la misma comunicación para Russby Amparo Rodríguez Reyes, quien sería la socia de Jorge Chérrez. El tipo de visa era la B1/B2 y su revocatoria se basa en que ambas podrían ser inadmitidas en EE. UU. e ilegibles para recibir visa.
PAUL PETRUZZI. “El señor Luis Álvarez ha contratado a uno de los mejores abogados de los Estados Unidos. Tengo más de 27 años de experiencia en investigaciones criminales, en las cortes estatales y federales americanas”, dijo a EXPRESO Paul Petruzzi.
“Al mismo tiempo, quiero enfatizar que al señor Luis Álvarez no se le han formulado cargos en ningún lugar del mundo, y vamos a defender sus derechos agresivamente, contra cualquier acusación que se presente en su contra, ya que uno de sus derechos fundamentales es la presunción de inocencia”.
Según Petruzzi, Álvarez no está obligado a participar en ningún procedimiento jurídico en los EE. UU. “Solicitamos que Decevale realice una investigación exhaustiva en Ecuador y Estados Unidos, para develar todos los hechos relacionados al caso Isspol. Confiamos en que a través de una investigación objetiva y libre de conflictos de interés, la verdad será conocida”.
