Un pedido de acto urgente a la Fiscalía irrumpe en el caso Pandora Papers
El exlegislador Andrés Páez presentó la solicitud para resguardar evidencia de lo que presume podría constituir un delito de falsedad ideológica
El caso Pandora Papers camina de lo político a lo judicial. No solo se ventila una investigación fiscal al presidente Guillermo Lasso, ahora se extiende un pedido de acto urgente ante la Fiscalía General del Estado por los supuestos cambios de último momento en el informe legislativo que recomienda el inicio del proceso de destitución del mandatario.
El pasado martes 9 de noviembre, el exlegislador Andrés Páez presentó el pedido a la Fiscalía con el objetivo de resguardar evidencia que a su criterio podrían constituir un presunto delito de falsedad ideológica. Basa su pedido y presunción en las declaraciones del legislador de Pachakutik y miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales, Édgar Quezada, quien manifestó que las recomendaciones, entre ellas la de la destitución Lasso, no estaban en el texto original del informe final y que fueron incluidas a último momento. Además, a criterio de Páez y en base a su experiencia como exasambleísta y exdiputado, considera imposible que la mesa haya redactada un informe tan extenso en tan poco tiempo.
Quezada se ratifica en que el documento fue elaborado en la mesa legislativa y sostiene que las recomendaciones fueron incluidas a último momento. No se aventura a presumir y menos afirmar quién o quiénes las introdujeron, eso sí precisa que no vinieron de su bancada. Ante el pedido de Páez, el legislador de Pachakutik dijo estar dispuesto a colaborar con la Fiscalía, entregar su correo y la información que a este llegó para sostener su afirmación.
En un intento de apaciguar las aguas, el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, José Cabascango, no descarta que cuando el informe pase al pleno de la Asamblea se pueda modificar la recomendación que a su criterio no sugiere la destitución del primer mandatario. Eso sí, se mantiene en su postura de que el presidente habría violentado la Ley de la Consulta Popular de 2017 que prohibe a funcionarios públicos tener activos en paraísos fiscales.
Lasso remitió información a la Contraloría que, según dijo, confirma lo contrario de los afirmado en el informe.
