Pena máxima solicitada para Terán y Barreno por obstrucción de justicia en Ecuador

Este 13 de diciembre se celebró una crucial sesión en el Tribunal del Caso Independencia Judicial, en la Corte Nacional de Justicia, donde el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presentó su alegato de cierre. Toainga acusó a los exvocales de la Judicatura, Wilman Terán y Maribel Barreno, de haber cometido el delito de obstrucción a la justicia y solicitó la pena máxima, más agravantes, de nueve años y cuatro meses de cárcel para ambos.

Análisis del caso y acusaciones graves

Durante su intervención, Toainga destacó la importancia de la independencia judicial y mencionó el caso de Walter Macías, un juez que fue destituido mientras tramitaba un caso por  tráfico de influencias que señalaba directamente a Barreno y a otro vocal, Juan José Morillo. Este contexto sentó las bases para la seria acusación contra Terán y Barreno, de quienes se pidió además una reparación económica  de 36.800 dólares cada uno y la colocación de una placa en el Consejo de la Judicatura con la leyenda: “Sin independencia judicial, los derechos pierden su valor, el Estado pierde su razón y la sociedad pierde la justicia”.

Pidió al Tribunal, integrado por los conjueces temporales Olavo Hernández, Hernán Barros y Edison Cantos, que Terán y Barreno paguen por reparación y 40 salarios básicos unificados, cada uno, por concepto de multa. La Procuraduría y el Consejo de la Judicatura, en calidad de víctimas, se adhirieron a los pedidos.

Los pedidos para otros nueve exfuncionarios

En el caso Independencia Judicial hay otros nueve procesados, que son: Olga Vivanco Falconí, Jessica Chicaiza Quishpe, Milton Altamirano Herrera, Líberton Cueva Jiménez, Santiago Cifuentes Cabascango, Fabricio Herrera Morejón, Katherine Luna Lafuente, Andrés Jácome Brito y Carlos Garaví Naranjo.

Para ellos, Toainga pidió que sean declarados cómplices, y que se los sanciones con penas que van desde los 18 meses a los tres años y un mes de cárcel según atenuantes o agravantes, pues dos de los procesados colaboraron con la justicia. Sobre las reparaciones económicas, la Fiscalía y Procuraduría pidieron una multa de 20 salarios básicos a cada uno y una reparación de 18.400 dólares a cada procesado.

La defensa de los acusados

Aún los jueces deben oír los alegatos de cierres de las defensas. Terán, quien es su propio abogado, ya ha adelantado varias ideas en su comparecencia: que es víctima de una persecución por oponerse a los poderes políticos que han manejado la justicia, que la persona que obstruye la justicia en el país es Diana Salazar, que hay un complot con medios de comunicación afines a la fiscal general y que el caso no tiene sustentos.

La defensa de Barreno, en la presentación de su prueba, ha dicho que ni ella ni sus asesores participaron de los documentos borradores que recomendaban la separación del entonces juez Macías. Que cinco testigos que afirmaron eso lo dijeron por presiones. Que Diana Salazar y Macías la persiguen, este último, motivado por una venganza personal, pues ella dio su voto para la destitución de su hermano que era funcionario judicial y que siempre se abstuvo cuando tuvo que conocer en el pleno sobre la situación disciplinaria de Macías.

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