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Nosotros, los periodistas, los que causamos fastidio al poder

Los periodistas recibimos los más aberrantes insultos por parte de políticos, se desquitan cuando son sometidos al escrutinio

Los políticos, en general, y los que están en funciones públicas, en especial, le tienen un tremendo fastidio a la crítica. No soportan que un periodista haga un análisis de su trabajo ni que, sobre este análisis, emita su opinión. No les gusta que quienes ejercemos este oficio les pongamos calificativos por sus acciones y se enfurecen contra el mensajero en lugar de ver para dentro y tratar de entender el porqué de la crítica.

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¿Qué hacen los funcionarios políticos cuando se molestan con nosotros? Los menos violentos nos enjuician, tal como lo ha hecho la presidenta del Consejo Electoral, Diana Atamaint, en contra del periodista Roberto Aguilar.

Por otro lado, los periodistas, en general, y los que hacemos opinión, en especial, recibimos a diario los más aberrantes calificativos e insultos por parte de políticos, funcionarios, partidistas y acosadores de redes sociales.

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‘Prensa corrupta’, ‘periodista vendido’, ‘pautero’, ‘cloacas’, ‘perros’ son algunos de los más leves insultos, que obviamente van casi siempre acompañados de un nada agradable saludo a nuestras madres. En algunos casos de extrema intolerancia, en lugar de insultos recibimos violencia física y algunos de los nuestros han sufrido atentados, han sido agredidos y hasta asesinados porque a alguien no le gustó lo que escribimos o decimos. ¿Qué hacemos los periodistas cuando sucede esto? Seguimos en nuestro oficio. No ponemos juicios ni actuamos con violencia.

Los personajes públicos, incluidos nosotros, y aquellos que son funcionarios estamos sometidos a un mayor escrutinio ciudadano. No es un invento de la prensa o de algún trasnochado, es uno de los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 19). Documento adoptado por 193 países (todas las Naciones Unidas) y que establece las bases de convivencia de una sociedad civilizada con respeto a las libertades y derechos humanos.

La década nefasta para el periodismo ecuatoriano

En Ecuador, durante una década se nos amenazó, nos enjuiciaron, clausuraron medios de comunicación o los multaron hasta llevarlos a la quiebra. Sancionaron por publicar y por no publicar. Pretendieron encarcelar y hasta mandaron a agredir periodistas. Para conseguirlo hicieron una consulta en la que un pueblo enceguecido por el gran ‘escopolaminador’ dio paso a la creación de una ley mordaza y de un ente sancionador que afortunadamente ya no existe.

Hoy, ese ‘escopolaminador’ está prófugo, pero sigue siendo el gran director de orquesta de su partido y todavía cuenta con fanáticos frenéticos en algunas instituciones y cárceles del país. Ellos no conocen el significado de las palabras tolerancia, democracia y libertad; algunos incluso participan activamente en la vida política ecuatoriana ante la vista y paciencia de las autoridades a pesar de haber perdido sus derechos de participación establecidos en la Constitución (Art. 61), pues fueron sentenciados por corrupción y, aparte de estar en la cárcel por un tiempo, la sanción establece la pérdida de estos derechos durante 25 años. Pero eso no importa, ellos están por encima de la ley y hasta se dan el lujo de dictar normas, ser consultados y estar presentes de cuerpo, por Zoom o en afiches, en asambleas y campañas de su partido.

Para refrescar la memoria de aquellos que se fastidian con la prensa, estos son los derechos de participación que se pierden al tener sentencia ejecutoriada:

  • 1. Elegir y ser elegidos.

  • 2. Participar en los asuntos de interés público.

  • 3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.

  • 4. Ser consultados.

  • 5. Fiscalizar los actos del poder público.

  • 6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular.

  • 7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades (...).

  • 8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que estos adopten.

El comportamiento pusilánime del CNE ante esta evidente e ilegal participación de sentenciados en la vida política ecuatoriana fue criticado por Roberto Aguilar en su espacio de opinión con un artículo titulado ‘Diana, levántate y anda’. Atamaint se sintió fastidiada y decidió acudir al Tribunal Contencioso Electoral para entablar un juicio en contra de Aguilar, por violencia de género. He leído y releído el artículo y no encuentro una sola palabra que pueda interpretarse de tal forma. Ese juicio deberá resolverse en los próximos días y me sorprendería una sentencia condenatoria.

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Así es este oficio y lo sabemos. Somos un fastidio para aquellos intolerantes que de una u otra forma tratan de desquitarse cuando los sometemos al escrutinio de la ciudadanía. Quizás piensan que estar en un cargo público los blinda de la crítica o los hace superiores o más inteligentes. En realidad no se dan cuenta de que solo queremos un mejor país y que es su obligación dárnoslo, pues para eso fueron elegidos o designados.

Mi solidaridad con Roberto Aguilar, de quien también me ha tocado recibir las más duras críticas que solo me ayudaron a observar hacia adentro para mejorar. 

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