Pesántez, responsable última de las cárceles, en controversia

La conducción de las políticas del sistema carcelario libera desavenencias entre autoridades. La forma en que trabaja el Organismo Técnico de Rehabilitación Social (OTRS) enfrenta al defensor del Pueblo, Freddy Carrión, y a la secretaria jurídica de la Presidencia de la República, Johana Pesántez, quien preside ese órgano administrativo.

La pugna entre ambos funcionarios se avivó con un cruce de oficios en los últimos días. EXPRESO recogió el pronunciamiento de ellos.

El 20 de mayo de 2019, Pesántez fue designada por el presidente Moreno como su delegada ante el OTRS, para presidirlo. El organismo técnico, según lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP), es responsable de evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas del sistema de rehabilitación social, así como de administrar los centros de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema.

Carrión denunció el martes haber recibido un “amedrentamiento” de parte de Pesántez, según él, por rehusarse a participar en reuniones convocadas por el organismo técnico. El funcionario exige que otro persona lo presida.

Menciona que la falta de políticas públicas y acciones concretas para contar con un sistema de rehabilitación social coherente con las necesidades del país, sumada a las reiteradas muertes violentas y la última matanza en cárceles ecuatorianas, llevaron a la Defensoría del Pueblo a excusarse de participar en las reuniones del organismo.

Así lo hizo conocer el pasado 2 de marzo, mediante un oficio dirigido a Pesántez, en el cual también pidió que se nombre, “de manera inmediata, a otro ministro de Estado competente en temas de seguridad para que en su representación presida el Organismo Técnico de Rehabilitación Social, dotándole de capacidad suficiente para atender, de forma emergente, la crisis recurrente por la que atraviesa el sistema”.

Pesántez, por su parte, sostiene que al ser el directorio del organismo técnico un cuerpo colegiado, son todos sus miembros los responsables de su funcionamiento. “El defensor del Pueblo es miembro pleno de este organismo y ha venido participando desde su designación como tal, por lo que no cabe que uno de sus integrantes pretenda evadir sus propias responsabilidades como parte de este cuerpo colegiado”.

Según la funcionaria, “desde la presidencia del directorio se ha dado seguimiento y asistencia a las resoluciones de este cuerpo colegiado para que sus resoluciones sean cumplidas, así como se ha suscrito toda la documentación correspondiente al Directorio, misma que se encuentra en el archivo que lleva la secretaría de este cuerpo colegiado”.

El martes último, la presidenta del organismo técnico ripostó también mediante un oficio, con una advertencia de por medio. Menciona el documento que la misiva de Carrión, “que corresponde a un comunicado de expreso incumplimiento de lo dispuesto en la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal y el Reglamento del Sistema de Rehabilitación Social, respecto de las atribuciones y competencias de los miembros del directorio, será reportado a la Corte Constitucional” en el marco de la fase de seguimiento de los dictámenes que emitió ese último organismo.

Pesántez se refería a una resolución de la Corte Constitucional del pasado 3 de marzo que dispuso, entre otros puntos, la convocatoria e instalación inmediata del OTRS para adoptar decisiones urgentes, a fin de garantizar la seguridad en las prisiones y que la Defensoría del Pueblo prosiga con el seguimiento de la situación de los derechos de los presos y entregue un informe trimestral a la Corte.

RESOLUCIÓN

SNAI alista una nueva emergencia

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) informó a EXPRESO que la declaratoria de emergencia carcelaria del pasado 20 de febrero fue derogada, porque no permitía cubrir todos los requerimientos para atenderla. Señaló que se emitirá una nueva resolución, aunque no precisó fecha. La entidad dijo que el 1 de marzo Finanzas le asignó un millón de dólares, que serán usados en acciones de seguridad en las cárceles.