Petronoboa, rabo de paja en llamas
Crónica| Al hermano del presidente se le acusa del mismo delito que a Aquiles Álvarez. El correísmo está entusiasmado
Un nuevo rabo de paja de proporciones considerables le ha salido al gobierno y la bancada correísta, llena de gozo, no ha tenido la menor vacilación a la hora de prenderle fuego. Las denuncias contra Santiago David Noboa Azín, hermano del presidente de la República, por comercialización ilegal de combustible, no sólo serán un filón del que sabrán sacar gran provecho en la campaña electoral sino que ya empezaron a esgrimirse como una oportuna reivindicación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, acusado por Daniel Noboa de idéntico delito. Este martes, la Comisión de Justicia de la Asamblea, presidida por el correísta Fernando Cedeño, inició el proceso de fiscalización de lo que ya se conoce como caso Petronoboa, por el nombre de la empresa involucrada.
La apertura del caso en sede legislativa estuvo acompañada por una errática respuesta oficialista que, si algo consiguió, fue despertar aun más sospechas. Primero, la asambleísta de ADN Inés Alarcón trató de impedir el inicio de la investigación aduciendo que la comisión parlamentaria que ella preside, la de Soberanía, ya estaba ocupada del asunto. Falso: lo que la Comisión de Soberanía investiga, desde julio pasado, es el caso Triple A, que tiene como protagonistas a Aquiles Álvarez y sus hermanos. Sin embargo, ese mismo pretexto sirvió para que cuatro funcionarios llamados a comparecer se excusaran de hacerlo. Ellos fueron: el director de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) Guillermo Vinueza; el director jurídico de ese mismo organismo, Diego Cofre; el secretario de Integridad Pública, José Neira, y el director del Servicio de Rentas Internas, Damián Larco. En cuanto a la ministra de Energía, Inés Manzano, convocada también, no necesitó pretexto: simplemente no fue y no dio explicaciones.
El correísmo dominó la narrativa de Petronoboa
En ausencia de los representantes del gobierno, la narrativa quedó en manos de sus enemigos: el legislador correísta Leonardo Berrezueta, que propuso la investigación, y el denunciante original del caso ante la Fiscalía, el excandidato presidencial Pedro Granja. Éste último se presentó por teleconferencia (desde Alemania, según él), empezó citando confusamente y a propósito de nada la Fenomenología del Espíritu de Hegel (“que usted seguramente conoce, señor presidente”, dijo, y Fernando Cedeño puso cara de quien no sabe qué cara poner) y arremetió contra todo el mundo: “Yo no estoy interesado en sus guerras. Si se van a matar, mátense con todo, qué bueno, ojalá no quede ni uno”.
Eso y más estaba dispuesto a tolerarle el correísmo a cambio del tesoro que Granja ponía en sus manos: los 128 anexos a su denuncia, documentos oficiales de los registros de Petroecuador, entre otros, que él y Berrezueta expusieron en sus detalles más sórdidos y que justifican hasta las peores suspicacias.
La historia que esos documentos relatan es la siguiente: Santiago David Noboa Azín constituyó Petronoboa, con un capital de 2 mil dólares, el 11 de diciembre de 2023, apenas 18 días después de la investidura de su hermano como presidente. El 24 de enero de 2024, incrementa el capital de la compañía y adquiere la gasolinera Río Verde, en el cantón El Triunfo, por 2,4 millones de dólares. Esa estación consigue su registro y permiso de operación en la ARCH en tiempo récord: un día (el trámite suele durar sobre los seis meses, según Berrezueta). Y rápidamente se convierte en un emporio: está claro que los cupos de comercialización de la ARCH no rigen para ella. Si las otras siete gasolineras de El Triunfo venden, todas juntas, 315 mil galones al año, Río Verde supera los 3 millones desde el principio de su operación. Cifra inexplicable pues a Petroecuador sólo le compra 97 mil galones. ¿De dónde salen los 2,9 millones restantes, que representan aproximadamente 4 millones de dólares? ¿Y dónde los guarda, considerando que sólo tiene un tanque de almacenamiento de 10 mil galones?
Probablemente los lleva directamente a Montecristi, a 270 kilómetros de distancia, donde se encuentra su principal cliente: la Compañía El Café, una empresa del grupo Noboa cuyos accionistas lo son también de Industrial Molinera. Y eso no es todo. Según los mismos documentos, el 21 de noviembre pasado (“cuando supieron que los estábamos investigando”, dice Granja) Petronoboa pide al SRI la anulación de 6.800 facturas y el SRI obedece sin informe previo y en un día.
Así, sin un solo detalle que no resulte sospechoso, quedó trazado el caso en la Comisión de Justicia. Un puñado de legisladores correístas tomó luego la palabra, básicamente para pedir sangre. Algo dijo Jahaira Urresta sobre la relación entre el diésel, la cocaína y las bananeras, pero como ella no habla español (ni ninguna otra lengua inteligible, al parecer) fue imposible descifrarla. No importa: el correísmo festeja. Fue un glorioso inicio de campaña electoral.
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