Piden a Ecuador cumplir fallo de CorteIDH sobre desaparición de discapacitado hace 18 años
Familiares de Luis Eduardo Guachalá, persona con discapacidad desaparecida hace 18 años de un psiquiátrico de Quito, exigieron este martes al Estado ecuatoriano que cumpla con la sentencia emitida por la CIDH que incluye cumplir con el pago por daños inmateriales
Familiares y defensores del caso de Luis Eduardo Guachalá, una persona con discapacidad desaparecida hace 18 años de un hospital psiquiátrico de Quito, exigieron este martes al Estado ecuatoriano que cumpla con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en junio pasado.
En una rueda de prensa, la familia y miembros del equipo legal manifestaron su preocupación porque a menos de dos meses de cumplirse un año de la sentencia, el Estado no haya cumplido con varias de las resoluciones y plazos establecidos en el fallo de la Corte Interamericana, que incluía medidas de reparación y no repetición.
El abogado y director del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, José Valenzuela, explicó que las medidas de reparación no se han cumplido en su totalidad.
Puso como ejemplo que la publicación de la sentencia en un medio de tirada nacional debía hacerse seis meses después del dictamen, pero se publicó al octavo mes sin que la familia fuera informada de ello y sin que aparecieran los datos del desaparecido con nombre y apellido.
"El Estado tiene que notificar a la CorteIDH sobre el cumplimiento del fallo en el plazo de un año a partir de la notificación de la sentencia", aclaró Valenzuela, quien consideró que las indagaciones fiscales no han tenido hasta la fecha "una línea clara de investigación".
PENDIENTES DEL PAGO
Tampoco se ha realizado el pago compensatorio a los familiares, ni un acto público de reconocimiento con la participación de altos funcionarios del Estado como exige el fallo condenatorio.
De momento, confirmó que se ha establecido recientemente una "Comisión de la Verdad", que esperan, llame a dar testimonio a "todo el personal hospitalario que conoció y atendió a Luis Eduardo a fin de que se determine el paradero de la víctima".
El caso se remonta al 10 de enero de 2004, cuando Guachalá fue internado en el Hospital Julio Endara, de Quito, después de que su madre, Zoila Chimbo, firmara la autorización de ingreso. Según la historia clínica, permaneció en el lugar hasta el 17 de enero, día en el que habría abandonado el hospital.
"Mi hijo tenía ataques (de epilepsia). Por eso lo llevé al hospital pero no para que me hagan desaparecer a mi hijo, sino porque estaba enfermo", recordó este martes su progenitora.
18 AÑOS DE INCERTIDUMBRE
La hermana del desaparecido, Nancy Guachalá, aseguró que la familia lleva 18 años sufriendo "duros momentos, sin saber si en algún momento el Estado nos va a dar respuesta".
El recuento de los hechos indica que el enfermero encargado del cuidado de Guachalá lo llevó a la sala de televisión, fue a vigilar a otro paciente y cuando regresó notó que no estaba en la sala. Inmediatamente lo buscó por el hospital, pero no informó a los guardias de seguridad. Desde ese momento se desconoce su paradero.
El veredicto de la CorteIDH subrayó que la utilización de la discapacidad de la víctima para justificar que era innecesario su consentimiento informado para el internamiento y medicación, y la falta de acceso a medicamentos, constituyó una discriminación en razón de la discapacidad.
El abogado confirmó que la madre firmó una autorización para el ingreso de su hijo en el psiquiátrico estatal, sin embargo, "el consentimiento informado nunca se obtuvo, ni de ella, ni de Luis Eduardo".
ECUADOR DEBE INVESTIGAR Y REPARAR
El alto tribunal Internacional señaló que Ecuador "incumplió con sus obligaciones de iniciar de oficio y sin dilación una investigación, realizar una labor de búsqueda seria de la presunta víctima e investigar lo sucedido con la debida diligencia".
Y ordenó al Estado a cumplir con el pago por daños inmateriales y brindar tratamiento psicológico y psiquiátrico a la madre y hermana del desaparecido, además de cancelar las costas judiciales, algo que hasta la fecha no ha ocurrido.
Dayuma Amores, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), reveló que entre 1973 y 2020 se produjeron en Ecuador 334 desapariciones en recintos sanitarios.