Piden prisión preventiva para militares investigados por desaparición de menores

La Fiscalía General del Estado solicitó, de manera motivada, prisión preventiva para los 16 uniformados de las Fuerzas Armadas implicados en la desaparición de cuatro menores de edad en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil. La solicitud fue presentada tras la audiencia en la que se expusieron los elementos de convicción recabados durante la investigación.

A las 13:36, tras más de tres horas de audiencia, la Fiscalía anunció en X que el juez acogió su solicitud de prisión preventiva contra los 16 uniformados. Los asistentes al plantón en la unidad judicial de Valdivia celebraron el dictamen.

El caso, que ha conmocionado a la ciudad, tiene su origen en los hechos ocurridos el 8 de diciembre, cuando los menores fueron detenidos por militares bajo la acusación de su presunta implicación en un robo cerca de un centro comercial en el sur de Guayaquil. A pesar de que los niños fueron liberados en la parroquia Taura, cantón Naranjal, no regresaron a sus hogares y su paradero sigue siendo desconocido.

Fiscalía expone pruebas en caso Malvinas

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso pruebas que vinculan a los 16 militares con la desaparición de los menores, lo que motivó la solicitud de prisión preventiva para los implicados. Además, la diligencia contó con la presencia de un delegado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien actúa como veedor del proceso judicial, para asegurar que se garantice la transparencia en el manejo del caso.

El ambiente en los alrededores del complejo judicial de la Valdivia, donde se realizó la audiencia, estuvo marcado por la presencia de manifestantes, quienes, en su mayoría, mostraron su apoyo a las familias de los desaparecidos. A su vez, defensores de los acusados llegaron escoltados por agentes policiales, mientras los manifestantes coreaban consignas en favor de los familiares de los menores.

El caso continúa siendo investigado. La comunidad sigue atenta a los avances judiciales en este caso, que sigue generando un fuerte debate sobre la actuación de las fuerzas del orden y la protección de los derechos humanos en el país.

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