En la piscina de Ronny Aleaga cabe el pleno

Probablemente, el contralor general del Estado, Carlos Riofrío, se comía las uñas en su despacho. Durante un instante angustioso y eterno (no más de tres interminables minutos), su suerte, la del funcionario encargado de auditar el gasto público en todos los niveles de la administración, estuvo en las manos menos indicadas: las de la asambleísta de Pachakutik Rosa Cerda, la teórica del robo subrepticio, la oradora que pasará a la historia como autora de aquella inolvidable (y muy representativa) pieza del pensamiento político ecuatoriano que prescribe: “Si roban, roben bien”. Se discutía si calificar o no el juicio político contra el contralor y faltaba un voto, uno solo, para virar la balanza en su contra: el voto de Rosa Cerda. Es en momentos como este cuando se sabe quién es quién en el salón plenario: las máscaras de formalidad y buen rollito que acostumbran a llevar los legisladores caen para dejar al descubierto la fiera (es literal) que algunos llevan dentro.

En el centro del hemiciclo, sentada como reina en su escaño parlamentario, Rosa Cerda escucha los consejos (¿las ofertas?) de los asambleístas de lado y lado que la rodean. El correísmo y algunos de sus aliados (rebeldes de Pachakutik, disidentes de la Izquierda Democrática) apoyan el juicio político. La bancada de gobierno y los amigos que le quedan en Pachakutik, entre ellos la recién depuesta presidenta Guadalupe Llori, están en contra. En esta ocasión, el socialcristianismo se ha sumado a estos últimos. A Rosa Cerda parece no avergonzarle en lo más mínimo su condición de asambleísta sin criterio propio. Probablemente, no sabe de qué va la cosa. Lo cierto es que todos han votado menos ella, el presidente Virgilio Saquicela lleva buen rato exigiéndole que lo haga y ella parece encantada de ser, por una vez, el centro de atención de toda la Asamblea.

Guadalupe Llori, desde su escritorio vecino, le agarra del antebrazo y hace el amago de conducirla a la computadora para obligarla a votar como ella quiere. La correísta María Fernanda Astudillo mete las manos en la cara de Llori y se las sacude con un punto de brusquedad mayor al que permiten las normas de cortesía entre personas civilizadas. El gobiernista Jorge Pinto, prácticamente colgado del escritorio, no deja de dar voces. Otros, alrededor, se dedican a golpear sus mesas con las dos palmas extendidas, recurso de expresión harto habitual entre ellos y que constituye el principal aporte de esta legislatura a las técnicas del parlamentarismo universal. Johanna Moreira, de la Izquierda Democrática, se acerca a Cerda por la espalda y le habla al oído, dos, tres veces Nathalie Arias, de CREO, con los brazos en jarra y el codo más rígido que si cargara una sandía, se introduce a la fuerza entre una y otra, echando a Moreira para atrás y como diciendo quítate-tú-pa’-ponerme-yo. Moreira cae en la provocación y reacciona con violencia: manotazo, empujón, grito en la cara… Finalmente, a Virgilio Saquicela se le agota la paciencia y ordena al secretario suspender la votación y proclamar los resultados. Automáticamente, el sistema registra como abstención el nunca emitido voto de Cerda. Ella se levanta y da por concluido el episodio, ahuyentado a medio mundo con un gesto no exento de coquetería. Fin. El contralor se ha salvado.

Que la suerte de Carlos Riofrío dependiera de a quién se arrimaba Rosa Cerda es un síntoma bastante significativo de la calidad de Asamblea que tenemos. Pero es apenas coherente con la manera como se inició este intento de juicio político, que a punto estuvo de hacerse realidad: con una denuncia del correísta Ronny Aleaga. Que el exlíder de lo que fue una sanguinaria pandilla de ladrones y criminales (los Latin King) sea la persona encargada por su partido de defender el proceso de fiscalización del contralor general del Estado es un despropósito que no parece incomodar a nadie en la Asamblea. Que a ese expandillero le tocara sustentar el caso precisamente en la semana en que la evidencia fotográfica demostró que no ha perdido sus contactos con el hampa, no pasa de ser una simple coincidencia que no mereció ni por un segundo la atención de los legisladores. Al fin y al cabo, el hombre que comparte la piscina con mafiosos en Miami, que asiste a fiestas de prófugos de la justicia que lo declaran presidenciable, es nada menos que integrante del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Ahí lo puso su partido, donde las relaciones con el hampa son lo más natural del mundo. Como miembro del CAL, Aleaga fue uno de los encargados de tomar juramento al nuevo presidente de la Asamblea, luego de haber impulsado, él mismo, un golpe de Estado institucional contra la presidenta anterior.

Todo esto se olvidará muy pronto. Verdad es que el líder de Ronny Aleaga, otro prófugo de la justicia, ordenó a sus ovejas que pongan en funcionamiento el improbable comité de ética de su partido, a fin de que el pandillero o expandillero (ya no se sabe) rinda explicaciones de por qué se mete en la piscina con un mafioso. Pero también es verdad que, en su última intervención de la semana, prácticamente lo exculpa por joven e inexperto, lo cual no puede entenderse sino como una instrucción para que el improbable comité de ética actúe en consecuencia. Ronny Aleaga podrá seguir ocupando su escaño y su piscina, aunque tendrá que cuidarse de los fotógrafos. Y a la Asamblea le dará exactamente lo mismo.

De toda esta historia nomás quedará una bronca: la que enfrentan Johanna Moreira y Nathalie Arias (ambas integrantes del CAL), que ya presentaron sus respectivas denuncias por violencia política (la acusación de moda) una contra otra. Ambas cuentan con el respaldo de sus copartidarios, expresado en sendos comunicados pletóricos de indignación moral. La verdad es que el comportamiento de las dos fue igualmente vergonzoso. Lo tratarán de disimular con subterfugios retóricos y en eso se mantendrán ocupadas un buen rato. Mientras tanto, todo el mundo está invitado a la piscina de Ronny Aleaga, probablemente uno de los lugares más seguros de la Asamblea Nacional. Caben todos.

Dos fotos en Fiscalización

La foto de Ronny Aleaga en la piscina y aquella otra que comparten el expresidente prófugo Rafael Correa, el exministro prófugo Ricardo Patiño y el mafioso recién detenido Leandro Norero, llaman la atención en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que ha iniciado una investigación sobre las responsabilidades políticas del caso Norero. Una investigación que, previsiblemente, no le gusta a todo el mundo.

El primero en reaccionar fue el asambleísta Bruno Segovia, perteneciente al movimiento político de Yaku Pérez: “Tenemos cosas más importantes que hacer”, dijo. Según él, basta con que la Policía esté investigando, la Asamblea no tiene nada que hacer ahí. Está claro que Segovia no cree en las responsabilidades políticas. Lo secundó el correísta Roberto Cuero, para quien las fotos de mafiosos posando con importantes personajes políticos, incluido su líder máximo y su compañero de bancada, no significan absolutamente nada. “Cuántas fotos nos tomamos con cuánta gente”, dijo. Y a cuántas piscinas se mete uno.