El plan Fénix aún no aterriza en los barrios más peligrosos

La hoja de ruta para reducir la criminalidad en el país que presentó Daniel Noboa ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) establece que sin la “participación comunitaria” de las zonas denominadas peligrosas, conflictivas o calientes no se podrá “prevenir y reducir la violencia” e inseguridad.

“Las comunidades locales conocen mejor sus problemas y soluciones. La implementación de programas de vigilancia comunitaria, el fomento de la denuncia ciudadana y la creación de espacios de diálogo y resolución de conflictos” es parte de la receta planteada en el documento de 76 páginas dividido en cuatro ejes; y uno de ellos es de seguridad.

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El escrito dice que aplicar estas iniciativas serán de gran ayuda para reforzar el tejido social, promover la solidaridad y la cohesión comunitaria.

La Zona 8, que comprende los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón es la más peligrosa del país con un total de 1.195 muertes violentas hasta el 22 de diciembre pasado.

De esta división, los tres distritos más sangrientos son: Nueva Prosperina con 559 casos, le sigue Durán con 422; y Sur con 382 asesinatos.

Diario EXPRESO realizó un recorrido por los barrios ‘más calientes’ de los tres distritos antes mencionados para constatar si ya iniciaron las acciones de parte del Gobierno central para dar cumplimiento a las iniciativas propuestas en el plan de Gobierno y su avance.

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, los líderes barriales de los sectores encuestados dijeron que no se ha dado acercamiento alguno desde ninguna cartera de Estado. Todos ellos mantienen esperanzas que el año 2024 mejorará la situación y no se trate de “sobrevivir” en un vecindario. Pero antes de todo, identifican por dónde se debe iniciar los trabajos del plan de Gobierno para después aplicar las propuestas del mismo.

El bloque 10 de Bastión Popular pertenece al distrito Nueva Prosperina, las madres de familia de la zona claman por formación para las familias; por ejemplo: escuelas para padres porque estiman que en un corto tiempo la violencia criminal en el sitio se multiplicará sino se toman acciones inmediatas.

Ahí se cerró la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) y cuando tienen una emergencia la ayuda llega hasta después de dos horas. Y también sienten desconfianza de la seguridad que puedan proporcionar los uniformados. “Ahora le huimos porque son los primeros que están perseguidos por la delincuencia, porque no sabemos a cuál están buscando por estar metido en lo incorrecto y no queremos más víctimas colaterales”, expresó una líder comunitaria que prefirió no ser identificada por temor.

Además identifican que el miedo se profundiza porque no hay garantías de protección ni siquiera en lugares que deben ser seguros por su naturaleza pero que en la actualidad son blanco de atentados y optan por el encierro. “No hay unión en el barrio porque no se garantiza la seguridad a la gente de bien, uno no se puede meter en cosas del Gobierno o algo positivo porque nos matan, nos persiguen y presionan para dejar todo igual. No es posible que vivamos así, no es justo”, lamentó otra madre de familia del lugar.

Un escenario similar se retrata en Durán, en la cooperativa Elsa Bucaram, los vecinos se reúnen para tratar la problemática. También resaltan que el presidente Daniel Noboa haya expresado que el plan Fénix comience en Durán, pero ponderan que hasta la fecha no hay muestras de que se hace un trabajo con la ciudadanía del cantón.

De esta forma, llegan a la misma conclusión: no se puede lograr un fuerte frente ciudadano sino hay la debida discreción de las entidades públicas al momento de denunciar un hecho o a alguien. “Sabemos del número de denuncias, pero comienzan a preguntar datos, nombres, números de cédula y un poco de cosas que ya no parece confidencial y no es garantía para nosotros que conocemos a los pillos y ellos a nosotros. Más aún con la revelación en el caso Metástasis que muestra cómo están contaminadas todas las instituciones en todos los niveles de trabajo”, expuso Alfredo Carrasco, del comité de usuarios de servicios básicos.

Los habitantes del sector dicen que están “olvidados desde hace mucho” que las intervenciones que se ven en los medios de comunicación son solo para el momento de la noticia y que de ahí no se ve mayor movimiento o actividad. “No tenemos un apoyo, no podemos decirlo, todos sabemos pero no nos atrevemos porque a ellos no les tiembla la mano para disparar. Y para ver el futuro que nos espera, hay que enfocarse en los niños de hoy, no hay ocupación sana para el tiempo libre y es ahí cuando llega la contaminación”, resaltó un padre de familia que optó por el anonimato.

En tanto, que en el Guasmo Central, perteneciente al distrito Sur se identifica la urgencia de una intervención radical y realmente sana. Porque se ha normalizado lo incorrecto como el cobro de ‘vacunas’. Pero esta vez, se ha pedido por anticipado el pago correspondiente a todo el año 2024, lo hicieron en una fiesta patrocinada por una organización delictiva con la justificación de que no se trata de extorsión sino de una propuesta de seguridad.

Y es que la ausencia del Estado es asumida por los grupos delictivos, una muestra está en algo tan cotidiano como los patrullajes de la Policía Nacional. Los ciudadanos denuncian que los agentes no entran al sector y mucho menos atienden los llamados de auxilio. “Ellos solo vienen a recoger al muerto del momento. Esto es una complicidad tremenda, no están cuando se los llama, ni tampoco recorren la zona. Esto está botado. Aquí no se ve operativos ni de control, ni desarticulación de bandas; tampoco del plan Fénix”, expuso una comerciante del lugar.

Dicha situación y comportamiento ha influido en el encierro directo de las familias y desde hace un año atrás ya no pueden estar en las noches en veredas, en el parque o reunirse entre amigos porque temen que en algún momento exista una bala perdida en las constantes balaceras que se registran.

Por tal razón hacen un llamado a las autoridades para que en caso de ejecutar proyectos sea de forma integral para todos los miembros de la familia con el fin de cambiar patrones y evitar la repetición de lo malo. “Aquí en el sector, el 50 % de los niños provienen de una generación recatada, el otro 50 % tiene papitos en malos pasos entonces si no se trabaja ahorita en conciencia ciudadana. Ya no serán como los papás que son empleados, sino jefes de bandas delincuenciales. Eso es urgente y de forma integral”, enfatizó una lideresa barrial del Guasmo.

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