Plan piloto de transparencia: ¿Hay instituciones que ocultan sus movimientos?

En el país está vigente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que fue reformada en el 2023. Gracias a esta norma, la sociedad civil puede acceder a información clave, por si necesitara tener una radiografía de la institución pública que administra los recursos de su ciudad, de su provincia, región y más.

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Por ejemplo, si un ciudadano quisiera saber cuántos empleados tiene el Municipio de Daule puede acceder a la página web de dicha entidad y buscar en el menú del sitio electrónico la etiqueta Transparencia, luego buscar el apartado del año en curso. Al hacer click se abre una página que permite buscar la información por año y mes.

Con ello, se puede analizar la evolución del crecimiento de la nómina de funcionarios, como sucedió en el cabildo de Daule: en abril del 2019 registró 474 empleados, cuando Pedro Salazar era alcalde, según los documentos. En abril de 2023, la nómina subió a 789, en la administración de Wilson Cañizares. En mayo de este año, la lista ascendió a 852 funcionarios.

Así, el ciudadano podría tener un panorama más claro y preguntarse si el incremento de empleados tiene una justificación o no, si ese aumento de personal ha representado mejoras para su vida y el resto de la comunidad.

En total son 1.700 instituciones que deben cargar la información del organigrama de la entidad, listado de empleados, contactos institucionales, sueldos, procesos contractuales, entre otros datos. La Defensoría del Pueblo tiene la responsabilidad de revisar si las entidades cumplen con la publicación de ese contenido.

Un informe evidencia problemas en la publicación de información que deben cargar entidades

En un reciente informe de la entidad tutora de los derechos humanos, se evidencia que mensualmente más de 500 instituciones “no registran información” en los sitios de transparencia activa, entre enero y mayo de este año (ver el gráfico). La transparencia activa “es la obligación de las instituciones del sector público y de los demás sujetos establecidos en la Ley (de Transparencia), de mantener de forma permanente en el portal de información o sitio web, la información actualizada”.

Mónica Reinoso, coordinadora general de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo, indica a EXPRESO que ante la reincidencia de falta de datos, se envían informes a la Contraloría para que se analicen responsabilidades y posibles sanciones, como destituciones.

Ese control es gigantesco, refiere la funcionaria, lo realizan 26 funcionarios. Hay uno por provincia y dos adicionales que se dividen la tarea de revisión de las 1.700 instituciones.

“Ya solicitamos el incremento de personal, por ende la renovación de los equipos informáticos. Lo que implica un presupuesto para adquisición de mobiliario. Eso ya hemos solicitado al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Finanzas. Para que nos faciliten la contratación de personal, que no se ha realizado en varios años”, explica Reinoso.

Para mejorar la administración y presentación de los datos por parte de las instituciones públicas, y mejorar la experiencia del usuario -ciudadanos, organizaciones que promueven la fiscalización del poder público, periodistas, entre otros actores-, la Defensoría pondrá en marcha un plan piloto. Este consiste en implementar una herramienta tecnológica, cuya interfaz permitirá la consulta del contenido.

“Nosotros estamos por sacar el instructivo y el plan piloto para el monitoreo que está proyectado que empiece a funcionar el primero de agosto. Entonces nosotros estamos, en estos quince días y los primeros días de julio realizaremos la socialización con las instituciones que constan en el catastro”, detalla la funcionaria pública.

Detalles del plan piloto de transparencia de la Defensoría del Pueblo

Las entidades del Estado que participarán del plan piloto serán: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Asamblea Nacional, Consejo de la Judicatura (CJ), Consejo Nacional Electoral (CNE), Contraloría General del Estado (CGE), ciertos municipios -por lo que se firmará un convenio con la Asociación de Municipalidades del Ecuador-. Agrega que también han tenido un acercamiento con el Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador (CONGOPE).

En la revisión y consultas que ha realizado la Defensoría del Pueblo se han identificado situaciones recurrentes, como requerimientos para salvaguardar los datos personales de los servidores públicos cuando su identidad está ligada a su remuneración.

En las revisiones que hace este Diario y organizaciones de la sociedad civil se ha evidenciado que instituciones omiten los nombres de sus servidores en el apartado de los sueldos, horas extras y viáticos. Activistas ven esto como un bloqueo a la transparencia.

Sobre esto, Reinoso hace referencia a la Ley de Protección de Datos Personales, aunque asegura que si se busca el dato de la remuneración de determinado funcionario solo se necesita relacionarlo con el cargo en específico; aunque esto alarga la búsqueda.

Otras de las situaciones recurrentes que ha evidenciado la Defensoría del Pueblo es la demora en la entrega de información que hace la sociedad civil a instituciones, algo que podría acarrear la destitución de los responsables.

Identificación de errores de instituciones públicas

La implementación de la herramienta tendrá una fase de evaluación con la que se identificarán posibles vacíos de conocimientos en el personal de las instituciones a cargo de mantener en orden la información de transparencia. Según la Defensoría del Pueblo, de ser necesario, se capacitará a funcionarios para que apliquen correctamente la ley y el uso de la herramienta.

En ese proceso también intervendrá el Ministerio de Telecomunicaciones y, potencialmente, las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de corregir los errores, según la institución a cargo de la tutela de los derechos humanos.

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