El Pleno arrastro a los correistas
Sensibles. La correísta Carmen García pidió “rechazar el trato descortés y discriminatorio” de la presidenta por los insultos vertidos en el audio.
Día de palabras fuertes y voces altisonantes en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los correístas perdieron la memoria y las demás bancadas se aplicaron, constante y ruidosamente, a refrescársela. Este ejercicio duró seis horas, divididas en dos jornadas. Al final, ya entrada la noche, se resolvió lo que ellos querían pero no de la manera como lo querían: sí, se investigará el caso INA Papers, que involucra a familiares y amigos de Lenín Moreno; pero no, no se conformará una comisión ocasional para ello. Se remitirá el tema a la Comisión de Fiscalización, donde se decidirá si iniciar o no un juicio político contra el presidente: todo dependerá de las pruebas. Y como las de Ronny Aleaga, el denunciante, no son más contundentes que las que aportan las investigaciones periodísticas (más claro: no son otras), el correísmo toma esta decisión como una derrota.
Los oficialistas también tuvieron que ceder. La bancada se dividió entre quienes querían esperar un pronunciamiento de la Justicia para después fiscalizar (al viejo estilo de las legislaturas correístas según el cual las palabras “control político” no significan nada) y los que conminaban a los interesados a plantear directamente un juicio político contra el presidente. Para ello deberían someterse al farragoso trámite de rigor: recolección de firmas, consulta a la Corte Constitucional, dictamen de admisibilidad, conocimiento del CAL...
La solución intermedia la planteó Homero Castanier (CREO), cuya propuesta fue finalmente aprobada con el respaldo de 74 votos: derivar el caso a Fiscalización y darle un plazo de veinte días para que lo decida. La oficialista María José Carrión, presidenta de esa comisión, discrepó desde el principio. Más de hora y media tardaron en ponerse de acuerdo, en conversaciones privadas que se desarrollaban mientras los secretarios leían aburridores informes sobre otros temas. Finalmente hubo humo blanco y Carrión abandonó discretamente el hemiciclo.
Pero la nota más destacada de la jornada consistió en el arrastre de los correístas. Fue sangriento. A estas alturas vinieron a enarbolar las banderas de la lucha contra la corrupción. No Gabriela Rivadeneira, no Pabel Muñoz, no Marcela Aguiñaga, los líderes de la bancada a quienes podía habérseles restregado informes de Contraloría que harían de los INA Papers un juego de criaturas. No: pusieron al joven y fogoso Latin King Ronny Aleaga, convertido en el nuevo denunciólogo del bloque, a prodigar acusaciones. Tuvo el desparpajo de hablar de Sinohydro. Y luego vino Juan Cárdenas, a decir que la investigación de Fernando Villavicencio (no lo mencionó, pero sí citó su artículo) era “seria”. Y pronunció (¿por primera vez?) unas palabras increíbles: “prensa libre e independiente”, dijo. Todo lo cual era demasiado.
El contraataque duró seis horas y ocupó a todas las bancadas. Raúl Tello dijo: “ahora las ratas están clamando por cuidar el queso”. Cristina Reyes dijo: “Si Moreno es INA Papers (así constaba en los cartelitos que llevaron los correístas a la sesión), Glas es Odebrecht y Correa es Refinería del Pacífico”. Mercedes Cuesta dijo: “Alí Babá Correa y los cuarenta ladrones”.
El oficialista Fausto Terán puso la cereza en la torta. Se sinceró. Hizo (son sus palabras) “un mea culpa”. Sí, admitió, fue correísta antes de que se dividiera el partido. Y fue parte “de todos estos casos, sin saber”. A veces, también, sabiendo. Como cuando se hablaba, al interior del partido (lo dijo con todas las letras), de la compra de medicinas con sobreprecio en el IESS de Ramiro González y a él le instruyeron: “Es compañero, no hay que tocarlo”.
Finalmente se tomó votación. A la resolución propuesta por Homero Castanier se sumó un voto de rechazo a la más reciente movida judicial de los correístas: una acción de protección contra la Asamblea (por supuestamente bloquear la investigación de INA Papers) que se resolvió con un llamado a declarar a los 137 legisladores ante la Justicia. Ocurrirá el primero de abril. Será un espectáculo verlos a todos en un juzgado.
Cabezas contraataca
La presidenta Elizabeth Cabezas, denunciada ante la Fiscalía por el correísta Ronny Aleaga por supuestamente bloquear un proceso de fiscalización, lo denunció a su vez por tres delitos relacionados con el audio que los correístas difundieron en las redes sociales: violación a la intimidad, asociación ilícita e interceptación ilegal de datos.
