El Pleno, listo para lo inconfesable

Caminos torcidos conducen hacia la destitución de Verónica Abad. Un extraño consenso de todas las bancadas legislativas se ha producido en torno a la supuesta necesidad de declarar la reserva de la sesión convocada para hoy a las 12:35, en la que se resolverá si se autoriza o no el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta de la República. Una precaución insólita por partida doble: primero, porque difícilmente se podrá encontrar un tema que sea de mayor interés público que el enjuiciamiento penal de un mandatario; segundo, porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa prescribe que sólo “por motivos de seguridad nacional”, por ninguna otra causa, podrá declararse reservada una sesión del Pleno. Todo parece indicar que la Asamblea se prepara para cometer un acto vergonzoso y prefiere cubrirse las espaldas.

El entuerto proviene del despacho de la jueza Daniella Camacho, que es quien tiene a su cargo el caso. A ella vuelven los ojos los asambleístas a la hora de señalar al responsable de la ilegalidad que están dispuestos a cometer. Fue Daniella Camacho quien, en la providencia que firmó el miércoles 12 de junio y en la que dispone oficiar a la Asamblea y pedirle su autorización para enjuiciar a la vicepresidenta, declara que todo lo actuado por la Fiscalía y el personal de investigación, toda diligencia y cualquier otra información relacionada con el caso, “mantendrá el carácter de reservada”. Y cita el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal en su respaldo. Y como toda información y documento sobre el caso es reservado, al Pleno no le queda más que declarar en reserva la sesión para conocerlo: eso es lo que dicen el presidente de la Asamblea Henry Kronfle, su secretario, los jefes de los bloques y hasta el último de los asambleístas.

Salvo que el tal artículo 584 del COIP se refiere, claramente, a la indagación previa, que todo el mundo sabe que es reservada. Y la indagación previa ya pasó. El momento procesal actual es el de la instrucción fiscal. ¿Qué dice la ley sobre la instrucción fiscal? Que es pública. ¿A alguien en su sano juicio se le ocurriría que los elementos de convicción que tiene la Fiscalía para formular cargos contra un mandatario de la República puedan permanecer reservados y secretos? No, eso no tiene el menor sentido. Pues ese despropósito lo acaba de comprar (o fabricar) el Pleno de la Asamblea.

Otro aspecto incómodamente inusual de este proceso tiene que ver con el apuro. Resulta que la fiscal Diana Salazar está empeñada no en iniciar un proceso contra la vicepresidenta sino en vincularla a uno ya existente (el caso Nene). Y ese proceso tiene unos plazos que están corriendo. Según esos plazos, la formulación de cargos debe darse antes del 19 de junio (es decir, el miércoles próximo). Con esa fecha en el horizonte, primero la fiscal y después la jueza han creado una falsa sensación de urgencia en la que se ha embarcado la Asamblea Nacional. Una sensación de urgencia que coincide perfectamente con los tiempos políticos de Carondelet y su necesidad de librarse de Verónica Abad lo antes posible. De ahí que Daniella Camacho cometa la impertinencia de ponerle un plazo a Henry Kronfle (48 horas) y éste, que en otras ocasiones finge tanta dignidad en la defensa de la independencia de funciones, decida bajar el lomo y tragárselo, aunque no tendría por qué. La verdad es que muy bien se podría formular cargos contra la vicepresidenta después del miércoles.

La urgencia de los plazos ha transmitido un sentido de inminencia a las negociaciones. Se trata, básicamente, de conseguir los votos correístas, que hasta el momento han sido muy esquivos a Daniel Noboa. Sin ellos, jamás se alcanzarán los 92 votos necesarios para aprobar el enjuiciamiento penal de Verónica Abad. Con 48 horas de plazo para tomar una decisión, los correístas tienen una sola oportunidad para alcanzar lo que sea que estén pidiendo a cambio de su apoyo. Que no será poco: la cabeza de una vicepresidenta se vende caro. Y esa es la gran pregunta de la sesión de hoy a las 12:35: ¿cómo votarán los correístas? ¿A cambio de qué? En la rueda de prensa que ofrecieron ayer, Viviana Veloz parecía contenta de tener por delante una sesión reservada (de hecho, dio por descontado que lo será) y dijo que tomarán una decisión en función del expediente. ¿Hay suficientes indicios de que la vicepresidenta cometió concusión, es decir, que abusó de su cargo para exigir dinero? No, a juzgar por el resumen del expediente que la jueza Daniela Camacho incluyó en su providencia del 12 de junio. Hay una acusación muy directa contra su hijo, pero nada que la vincule a ella con el dinero sucio. Por eso resulta tan ventajosa una sesión reservada: permite a los asambleístas que hayan vendido bien su voto apoyar el juicio penal de Verónica Abad aunque no haya evidencias en su contra. Y pasar de agache.