El pleno del TCE se alista para tratar una denuncia electoral contra Alembert Vera
Los acusan de recibir ayuda del correísmo cuando fue candidato al CPCCS. Las infracciones graves se sancionan hasta con la destitución
El pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se alista para tratar la denuncia del activista Esteban Guarderas en contra del actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, por presunta infracción electoral.
Desde el área de comunicación del organismo de justicia electoral se dio a conocer que ese encuentro entre los jueces se producirá “en los próximos días” para dar continuidad al procedimiento.
Esto, luego de que el propio TCE resolvió el 31 de mayo de 2023 dejar sin efecto el archivo de la denuncia que fue presentada el abril pasado, dos meses después de las elecciones seccionales y de los siete nuevos integrantes del CPCCS.
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El reclamo es que cuando era candidato al Consejo de Participación, Vera habría sido apoyado abiertamente por el movimiento Revolución Ciudadana bajo las consignas de “Antes estábamos mejor” y “El CPCCS que recuperará la patria”.
A través de su cuenta de Twitter el expresidente Rafael Correa mostrada una fotografía de Vera, que fue su abogado en el juicio en contra de diario El Universo, y mostraba a sus militantes que había que marcar en su casillero.
En su momento, también se presentaron denuncias en contra de Eduardo Franco Loor, Hugo España, Jeaneth Lozada, Vielka Parraga, Yadira Saltos y Augusto Verduga, estos tres últimos también elegidos como consejeros titulares.
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Guarderas recordó que al inicio los jueces del TCE les negaron la denuncia “por pequeñas triquiñuelas, por escondrijos jurídicos”. Sin embargo, el archivo fue apelado y ahora “esas personas, esos candidatos que ganaron con trampa van a tener que enfrentar a la justicia”, dijo el denunciante.
De acuerdo al Código de la Democracia, las infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde 21 a 70 salarios básicos, destitución y/o suspensión de derechos de participación de dos hasta cuatro años.
