No podran

El 17 de julio pasado autoridades del gobierno se reunieron con la dirigencia de los taxistas para escuchar sus peticiones. Se tocó el tema del subsidio que los ecuatorianos deberíamos darles por el incremento del precio de los combustibles, pero el punto fundamental tuvo que ver con la objeción de los taxistas a la permanencia de las plataformas digitales de transporte como Uber y Cabify, porque afectan su actividad.

Mientras se producían las conversaciones, el tráfico de las dos principales ciudades del país fue un caos, y aquellos taxistas que no se adherían a la manifestación eran intimidados o les bajaban las llantas.

El punto que se esgrimía no es para nada despreciable: quienes prestan el servicio, tanto las plataformas como los conductores y los vehículos, no cumplen con los registros legales, y por ello compiten en desigualdad de condiciones. Claro, se les olvidó decir que tampoco reciben combustible subsidiado, que sus vehículos deben pagar los aranceles e impuestos que paga cualquier ciudadano y no las exenciones que tienen los taxistas. Se les olvidó decir también que en ciudades como en Guayaquil, pese a que la norma lo establece, y lo digo porque les encanta aludir a las normas, no tienen taxímetro, y los ciudadanos al sentarse en el taxi deben someterse a la voluntad del conductor en cuanto a la tarifa, más aún cuando es de noche, en lugares apartados o cuando llueve.

Quizá el paradigma que damos por hecho, pero no tiene que ser así, es que el sector debe ser híper regulado.

Que las autoridades nos presenten las estadísticas sobre los accidentes que involucran a ambos sectores, calidad de servicio, seguridad para el usuario, cobertura, precio, y desde luego, preguntémosle al consumidor su opinión; y no esperen a la próxima elección para que se la contesten.

El punto de fondo es que a la fuerza y al grito, hay grupos que en lugar de utilizar la tecnología disponible se ponen a pelear contra ella. Van en el carril equivocado, esta vez en contravía del avance de la civilización.

Quizá puedan intimidar al Gobierno, pero con el consumidor no podrán.