La polémica Ley de Libertad Religiosa finalmente fue archivada en la Asamblea
Con 97 votos a favor, el Pleno decidió acoger informe de la Comisión de Garantías Constitucionales que recomendó el archivo
El Pleno de la Asamblea finalmente archivó el polémico proyecto de Ley de Libertad Religiosa. Este 23 de abril de 2025, el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales fue conocido con la recomendación del archivo.
El encargado de exponer dicho informe fue el vicepresidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Adrián Castro (ADN). Señaló que la ley no respondía a lo que establece la Constitución. Esto porque, entre otras cosas, se planteaban beneficios tributarios y esa es una competencia exclusiva del Ejecutivo.
También señaló que la normativa establecía la creación de una entidad rectora. Eso significaba otro problema ya que involucraba la creación de partidas presupuestarias y la fuente de ese financiamiento no estaba definida. Al final, Castro planteó la moción para el archivo y esta fue aprobada con 97 votos a favor.
Las posiciones en el debate
Los diferentes asambleístas que intervinieron coincidieron en el archivo. No hubo un solo legislador que salga en defensa de la normativa. Incluso el asambleísta de El Oro, Carlos Rodríguez, hizo referencia a su fe y agradeció a Dios por un día más de vida.
Por su parte, el legislador de Construye, Paúl Buestán, insistió en la inviabilidad de la propuesta. Mencionó que existían irregularidades al querer imponer beneficios tributarios. “La Asamblea no tiene esa competencia. Desde ahí hay una inconsistencia jurídica”, mencionó.
La polémica alrededor de la ley
La polémica alrededor de este proyecto de ley estaba relacionado con tres puntos. El primero tenía que ver con la prohibición de que las entidades religiosas se asocien con fines políticos o realicen proselitismo, propaganda de cualquier tipo, a favor o en contra de candidatos, partidos o agrupaciones políticas.
El otro punto polémico era el control del Estado en las entidades religiosas. Hay que recordar que el proyecto de ley fue impulsado por la correísta Esther Cuesta. Sin embargo, la misma fue trabajada, incluso, con la participación de la Defensoría del Pueblo.
En la sesión en la que se trató el proyecto en la Comisión de Garantías Constitucionales, Cuesta señaló: “Lo que buscamos es que todas las entidades religiosas presentes en el país que estén reconocidas puedan mantener un registro de sus cuentas y esa rendición de cuentas económicas pueda ser proporcionada al Estado”.
El tercer punto polémico tenía que ver con supuestas sanciones a las iglesias que no implementen la ‘ideología de género’. Esa alerta fue lanzada por el bloque oficialista de ADN en plena campaña para la segunda vuelta.
Según ADN, en la ley se incluía un artículo en el que se planteaba como infracción que las iglesias promuevan conductas consideradas discriminatorias, lo que, en su análisis, podía abrir las puertas a sanciones por “negarse al lenguaje inclusivo o a la ideología de género”. Así lo planteó en un comunicado.
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