La política criminal en manos de una cartera con poco dinero
Cuenta con menos de $ 10 millones de presupuesto. En 2022 se deslindó de una responsabilidad similar
La política criminal es el lineamiento que implementa un Estado para ejercer seguridad a través de sus instituciones, normativas y recursos. Es un lineamiento para establecer un plan de seguridad, del cual surjan las estrategias.
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El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, enfatizó que el Ministerio de la Mujer no desaparece por cambiar su nombre a Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos. “No significaría que dejará de proteger a las mujeres, sino más bien cubrir un mayor espectro y tendrá una operación mucho más integral”, explicó.
La justificación de la medida, según las autoridades, es que en enero pasado la Ley Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral dispuso que la rectoría de la política criminal debe ser ejercida por el ente rector de los Derechos Humanos.
El antecedente de intentar asumir una política criminal en Ecuador
No es la primera vez que se establece una responsabilidad de tal tamaño al ministerio del ramo. El 1 de octubre de 2021, el presidente Guillermo Lasso firmó el Decreto Ejecutivo 215, que ordenó al titular de la Secretaría de Derechos Humanos presidir el Organismo Técnico para “ejercer la rectoría de las políticas públicas en el sistema de rehabilitación social”.
Y después de doce masacres carcelarias que sumaron cerca de 500 muertos, el 3 de julio de 2023, la ministra de la Mujer y de Derechos Humanos de ese entonces, Paola Flores, “entregó la presidencia” del Directorio del Organismo Técnico a Guillermo Rodríguez, director del SNAI también de ese entonces. Ahí también se dio el cambio por varias reformas legales realizadas en ese período.
Diego Pérez
Para el experto en seguridad pública y del Estado, Diego Pérez, “suena bien y lógico encargar la política criminal” porque “en teoría” nadie está asumiendo ese rol. Pero las preguntas de eficiencia surgen cuando “hay una maraña de instituciones, de responsabilidades y de organismos en seguridad recientemente creados que están atados de forma muy coyuntural a los hechos que se van presentando en Ecuador por decretos ejecutivos que delegan responsabilidades para supuestamente reorganizar el sistema”, dijo.
Pérez menciona que este conjunto de decisiones dispersas, más la opacidad en las políticas de seguridad, deja en evidencia que las disposiciones que se adoptan no son soluciones de fondo y terminan ahondando la espiral de violencia debido a una competición entre instituciones nuevas y las existentes.
Por su parte, el experto en seguridad, Daniel Pontón, manifiesta su preocupación, pues la multiplicación de entidades y la falta de coordinación debilita su eficacia al momento de actuar, especialmente porque al tratarse de una política criminal sobrepasa la exclusiva regulación de las cárceles como se dispuso en el año 2021.
“Me parece que es un bonito dilema de ingeniería institucional, porque es un ministerio que está aglutinando materias distintas. Tienen relación una con otras, pero deben ser manejadas de forma separadas. No podemos manejar un ministerio tipo cajón de sastre. Eso no es técnico y además se le debe dar el presupuesto adecuado para su desarrollo porque hay enormes desafíos en Ecuador”. Pontón sostiene que tampoco se debe olvidar el tema carcelario.
En tanto que Arianna Tanca, titular de esta cartera, dijo el martes en entrevista con I99 que el presupuesto es de $ 13 millones y que han ejecutado ya el 33%. Es decir, queda menos de $ 10 millones; que están destinados principalmente a reducir la violencia de género y los femicidios.
Aspiran a que con la nueva competencia, el Ministerio de Finanzas emita un dictamen para poder cumplir con las capacidades técnicas y operativas. Pero que por el momento trabajan en usar eficientemente los recursos para el siguiente año, pedir un aumento del techo presupuestario.
Colectivos muestran rechazo
Juana C. Francis Bone, del Colectivo Mujeres de Asfalto sostiene que unir la política criminal con la cartera que estaba enfocada prioritariamente a combatir la violencia contra la mujer es “no dimensionar la importancia de una política pública de reparación y no repetición en temas de derechos de las mujeres es un grave error. Juntar política criminal y derechos humanos responde a la irracionalidad de un gobierno con agenda armamentista”. En 2023 se detectó 321 femicidios.
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