El problema del agua atañe al Ejecutivo: por presupuesto

A resolver, sentencian al Gobierno seis asambleístas que conversaron con EXPRESO sobre la situación en la que se encuentra el agua en el país: contaminada. Para ellos, no ha existido priorización de obras que urgen al país por parte del Ejecutivo, Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MATE) y de los gobiernos locales.

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Y es que la realidad del tipo de agua que los ecuatorianos estamos bebiendo es tan grave, comenta Comps Córdova, asambleísta de Revolución Ciudadana, por la provincia de Sucumbíos, y miembro de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, que actualmente este organismo se encuentra fiscalizando al MATE y al Ministerio de Energía y Minas, entre otras entidades, porque no han hecho su labor correspondiente. El objetivo, expresa el legislador, es que, al finalizar este proceso, que inició hace un mes aproximadamente, es que se declare en emergencia a todo el sistema de agua.

Pero la contaminación, recalca Mariuxi Sánchez, asambleísta de Revolución Ciudadana, por Orellana y miembro de la Comisión de Biodiversidad, no solo es por la falta de tratamiento de las aguas residuales, también se debe a la industria hidrocarburífera. Los ríos de la Amazonía están corroídos, pero el Estado hace como si este problema no existiera, denuncia.

Investigaciones sobre productos del agua

De acuerdo con estudios académicos de la Universidad de Las Américas, exhibe Córdova, los peces de los ríos Aguarico y Cuyabeno, en la provincia de Sucumbíos, tienen metales pesados: cadmio, aluminio y mercurio. Eso prueba que los residuos de la industria petrolera y minera han perjudicado los ecosistemas. Y aunque desde la Asamblea Nacional, los legisladores hagan su rol, Córdova sostiene que en el país no hay autoridades en este momento ni justicia, porque “la Contraloría General del Estado no controla nada y la Fiscalía no fiscaliza a nadie”. A su juicio y el de los legisladores consultados por EXPRESO, todo dependería de “la voluntad política del Gobierno”.

Es por esto por lo que el MATE, como principal ente rector, y el Ministerio de Salud Pública son los que también deben responder a esta contaminación, indica Manuel Tapia, asambleísta de Construye, por Loja, y miembro de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte. “Es evidente que no están haciendo bien la tarea”, por lo que exhorta a que pongan empeño, porque “no es posible que en este siglo tengamos que estar lidiando con este tema”.

Por lo que instará a que el MATE haga un catastro de los afluentes del país y que determine el tipo de contaminación; también a que testee la salud de la población, porque con esa información se podrá definir acciones inmediatas que el Estado deberá ejecutar. En su opinión, el Ministerio de Salud Pública deberá encabezar este proyecto.

Estas acciones no serán suficientes si no se designan los correspondientes recursos a los cabildos, reconoce Camilo Salinas, asambleísta de Construye, por Los Ríos, y miembro de la Comisión de Salud. Con él concuerda Córdova y recuerda que a más de la deuda correspondiente a lo que dicta el Código de Ordenamiento Territorial, los Gobiernos Autónomos Descentralizados reciben el 21 % de los ingresos permanentes y el 10 % de los no permanentes, está la de la Ley Amazónica.

Posibles soluciones

Por lo que insta al Gobierno de turno que pague lo que corresponde a los gobiernos locales y no solo entregue líneas de crédito porque quiere que estos se sigan endeudando. Sin embargo, también se deberá obligar a los ayuntamientos que ese dinero, una vez entregado, solo sea usado en repotenciar y mejorar la calidad del agua, observa Salinas. Esto porque hacer obras de tratamiento de aguas residuales no es una ejecución que da réditos ni votos, ya que son trabajos invisibles, pero son las necesarias para la salud.

Pero la rentabilidad social es lo más importante y en eso debe hacer conciencia la población, opina Geovanny Benítez, legislador del Partido Social Cristiano (PSC). Es por eso por lo que sugiere que estas decisiones se tomen en asambleas ciudadanas antes de ser tratadas en sesión de consejo, para que el pueblo sepa en qué están invirtiendo. Porque en ocasiones premian más las obras de hormigón.

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Aunque Quito está recién tratando este tema y espera que, en 17 años, el tratamiento del agua residual pase del 3 % al 95 %, Marcelo Achi, asambleísta del PSC, dice esa iniciativa debe replicarse en los demás cantones. “De esto dependerán las siguientes generaciones”.

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