El alcalde de Quito juega con el agua

A Pabel Muñoz nadie le cree. Se sabe, por sus antecedentes, que el alcalde de Quito está perfectamente dispuesto a violar la ley en beneficio de su candidata presidencial en tiempos de elecciones. Ya lo ha hecho. No es extraño, pues, que los racionamientos de agua (él los llama “preventivos” pero siguen siendo lo que son: racionamientos) a los que viene sometiendo desde hace 20 días al 7 por ciento de la población capitalina, justo en época preelectoral, hayan sido recibidos con total incredulidad y suspicacia en el Concejo, en los organismos gubernamentales encargados de la gestión del agua y en la propia Empresa Pública Municipal de Agua Potable (Epmaps), un organismo eficiente y técnico incómodamente situado, en estos días, en medio del fuego cruzado de los políticos.

Anuncia Pabel Muñoz sus cortes de agua, diciendo que el nivel de las cotas en los embalses está bajísimo, y sale una especialista de la Epmaps a desmentirlo; y asegura que hay agua suficiente para todo un año. Y el Ministerio del Ambiente moviliza a la ARCA (Agencia de Regulación y Control del Agua) y decide hacer una inspección de los embalses “para verificar” (así consta en su comunicado) si lo que dice el alcalde es cierto. Y un grupo de ocho concejales, entre los cuales al menos dos (Michael Aulestia y Bernardo Abad) pertenecieron al directorio de la Epmaps y, por tanto, saben de lo que están hablando, dirige una carta a la gerente de esa empresa exigiendo informes técnicos y explicaciones, porque tampoco se lo creen. Y la gerente, Verónica Sánchez, guarda prudente silencio y le da largas: uno creería que, ya que la decisión de cortar el agua a 95 barrios es reciente, los informes técnicos están sobre la mesa. Pero no. Llevan días buscándolos. Tampoco se los han dado a este Diario, que quiso conocerlos, visitar los embalses, hablar con los especialistas, con un vocero... Y nada. Cero respuestas.

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¿Cuál es el déficit de agua?

¿A cuánto asciende el déficit de agua para que haya sido necesario racionarla? Esta semana se lo preguntó al alcalde un periodista. Y tuvo que dibujárselo: así como en el sector eléctrico (le dijo) hablamos de un déficit de mil megavatios o lo que fuera, ¿cuál es el déficit de agua en Quito? Y el alcalde, tomado de sorpresa: “Eeeh, bep-bep”, empezó respondiendo y francamente no hacía falta que dijera más, “no tengo ese dato en términos de un déficit técnico, si usted quiere, ¿no es cierto?, un porcentaje, más bien dicho, no sé qué medida utilizar. Pero por ejemplo en este sistema (se refería al denominado Pita-Puengasí, que abastece al centro-sur de la ciudad) tenemos poca agua”. Ni siquiera sabe cómo expresarlo Pabel Muñoz. Acaba de tomar la dramática decisión del racionamiento (una medida extrema donde las hay) con el único criterio técnico (es un decir) de que “hay poca agua”.

Todo esto es muy raro. No existe en el Ecuador ciudad mejor provista de agua que la capital. Sus 23 plantas de tratamiento de agua son alimentadas por cuatro sistemas de captación que la obtienen de una diversidad de fuentes: de la laguna de Mica y los deshielos del Antisana; de los ríos amazónicos de la provincia de Napo; del río Pita; de las fuentes superficiales del Atacazo y el Pichincha… Compárese con Cuenca, una ciudad con un nivel similar de cobertura pero con una sola fuente irremplazable: el macizo del Cajas, que alimenta también a la central hidroeléctrica del río Paute. Este año el país ha sido víctima y testigo de lo que ocurre cuando no llueve en el Cajas. Sin embargo, nunca fue necesario racionar el agua en Cuenca. En Quito, trata de explicar a medias el alcalde, el problema se sitúa en el sistema Pita-Puengasí, es ahí donde “hay poca agua”. Pero el concejal y exmiembro del directorio de la Epmaps Bernardo Abad, consultado por este Diario, no termina de entender esas razones, pues Puengasí está conectada “por un sistema de vasos comunicantes” con la gran planta de tratamiento de agua de Bellavista. Y ahí hay agua suficiente.

Disputa con el gobierno

El asunto lo zanjará el Ministerio del Ambiente, lo cual trae sobre el escenario a un tercero en disputa: el gobierno. Para nadie es un secreto que Carondelet tiene a Pabel Muñoz entre ceja y ceja después de los desplantes e impertinencias de los últimos días. Desde el primer momento, el alcalde rodeó de un discurso antigubernamental todo el asunto de los racionamientos. Dijo que él estaba adoptando las medidas preventivas que el presidente Noboa debió tomar y no tomó oportunamente con respecto a la crisis eléctrica. Aseguró también que lo hacía “para evitar que los cortes de energía eléctrica nos afecten en la dotación del agua”, dando a entender que la responsabilidad recaía sobre Carondelet. La conclusión obvia, compartida por concejales como Michael Aulestia, es que el alcalde está estimulando el descontento de los quiteños contra el gobierno producido por la crisis eléctrica. Por eso, cuando el Ministerio del Ambiente anunció sus inspecciones de verificación a los embalses, se sintió lo suficientemente envalentonado como para reaccionar con sobreactuada irritación: “verifiquen otra cosa”, dijo. “No le voy a permitir al gobierno nacional que quiera hacer aquí una suerte de monitoreo”. Una insolencia fuera de lugar, porque el Ministerio del Ambiente, órgano rector del agua, no necesita su permiso para monitorear lo que le venga en gana.

Y así fue. Las inspecciones se cumplieron sin que Pabel Muñoz pudiera evitarlo. El informe está siendo corregido en este preciso momento por pedido de la viceministra del Agua, María Luisa Cruz, quien encontró que una primera versión entregada esta semana, a la que tuvo acceso este Diario, “no cumple con las especificaciones técnicas”. Así que lo devolvió. Básicamente, el objetivo declarado de la inspección era determinar la pertinencia de las medidas anunciadas por el alcalde; y las conclusiones del informe, firmado por dos analistas y remitido por el director de la ARCA, Kristian González (un servidor público de carrera desde los tiempos del correísmo), evitan pronunciarse al respecto. Sin embargo, el informe sí consigna algo importante: el problema de la reducción de caudales se conocía desde julio y el Municipio, huérfano de planificación, dejó pasar tres meses sin tomar medidas preventivas para mitigarlo. Por lo demás, añade, nada de esto representa una novedad con respecto al comportamiento natural observado en años anteriores.

En la Alcaldía ya sonaron las alarmas. La última disposición de la Secretaría del Ambiente con respecto a todo este lío, movimiento de repliegue táctico y mea culpa al mismo tiempo, cabe en tres palabras: bajar el tono. Esto incluye no solo enfriar la confrontación con el gobierno sino incluso suspender por el momento el proyecto de subir las tarifas de agua potable en la capital, un proceso en el que también se debería contar con el criterio de ARCA. Hasta el momento el alcalde ha tratado de capear el temporal haciendo lo que mejor sabe, que es inventar coartadas vacías de significado pero disfrazadas de jerga burocrática para hacerlas pasar por técnicas: “racionamientos preventivos” para disimular lo extemporáneo de sus campañas reactivas; “etapas precríticas y críticas” para proyectar la sensación de que una crisis puede controlarse con clasificaciones sacadas de la manga.

La verdad es que hasta el tibio informe devuelto por la viceministra del Agua ha revelado que Pabel Muñoz, el genio de la Senplades correísta, resultó ser una nulidad en materia de planificación. O un retorcido ejecutor de agendas políticas inconfesables a expensas del bienestar de los quiteños. El caso es que logró irritar al gobierno. Quizá le toque desempolvar su mejor corbata y recuperar la Serenata Quiteña en Carondelet, aquella tradición de fiestas que acaba de botar a la basura en otro desplante innecesario y que aparece, de pronto, como la única oportunidad de ponerse de a buenas con el presidente.

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