Alejandro Muñoz asegura que denuncia en su contra es persecución política

El secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, afirmó que la resolución que este 3 de septiembre aprobó el Legislativo confirma que la denuncia penal presentada en su contra por el legislador Xavier Jurado carecía de fundamento.

En ese documento, 87 legisladores aprobaron que la Asamblea rechace una sentencia que les ordena retomar tres juicios políticos archivados en julio pasado, en contra de exministros del expresidente Guillermo Lasso.

En días pasados, Muñoz se pronunció sobre el tema y el legislador Jurado lo denunció. La querella señalaba al secretario por supuesta arrogación de funciones, al haber tomado la vocería del Parlamento sobre la sentencia relacionada con el orden de los juicios políticos.

Según Muñoz, la denuncia está "traída de los cabellos", ya que él habló por delegación del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y de la mayoría de los legisladores. Indicó que recién el lunes 2 de septiembre fue notificado oficialmente sobre el caso y que el fiscal habría unificado dos denuncias en una sola. Su abogado será Felipe Rodríguez Moreno. A decir del funcionario, se trata de un tema que no le "quita ni un segundo de sueño".

Muñoz denuncia persecución política

Muñoz calificó la denuncia como un acto de intimidación y persecución política, argumentando que es un intento de judicializar la política y de amedrentarlo en su rol como secretario general. Agradeció a la mayoría de las bancadas del Pleno y a la comunidad jurídica por su apoyo, y señaló que los denunciantes ahora podrían enfrentar consecuencias legales, ya que sus acciones podrían considerarse temerarias tras la resolución del Legislativo.

Respaldo del Pleno y procedimientos en marcha

De acuerdo con Muñoz, la reciente resolución del martes 3 de septiembre, en la cual la Asamblea rechazó y condenó la "espúrea" sentencia de protección en favor de la asambleísta oficialista Inés Alarcón, marca el inicio de varias acciones y procesos. El juez Édgar Romero, encargado del caso, ordenó la reactivación de los tres juicios archivados. En respuesta, se han presentado recursos horizontales y se está dando seguimiento al dictamen de la Corte Constitucional en materia legislativa.

Muñoz señaló que, aunque la sentencia fue emitida por escrito, aún no ha sido ejecutoriada debido a la existencia de recursos de terceros y de la Asamblea. Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización deberá continuar con el trámite del juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, y atender la solicitud de la fiscal Diana Salazar para reactivar su interpelación.

Reacciones en el Pleno de la Asamblea

El Pleno autorizó y respaldó la solicitud que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, hizo a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre la sobre la polémica sentencia. A partir de ese pronunciamiento, la Asamblea decidirá sobre cómo continuará el trámite de los juicios políticos en cola.

Antes, el legislador Leonardo Berrezueta, ponente de la resolución, señaló que la Corte Constitucional también debe pronunciarse sobre una sentencia suya de hace algunos años que señala que "no se puede interponer recurso de acción de protección o medidas cautelares autónomas en contra de los procedimientos que se realicen en materia de fiscalización por cuanto existe claramente la división de poderes" y la normativa expresa en la Ley Orgánica para la Función Legislativa. Por ello se pidió un seguimiento del cumplimiento de esta sentencia.

En contraste, Valentina Centeno, coordinadora del bloque oficialista, argumentó que existe una constante retaliación por parte del Pleno contra los asambleístas comprometidos con la fiscalización y la lucha contra la impunidad y la corrupción. Además, la bancada de ADN advirtió que quienes no acaten la sentencia del juez podrían enfrentar sanciones, desde multas hasta la destitución.

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