Allanamiento a juezas: por denuncia anónima, ¿se violó independencia judicial?
Mal precedente deja la Fiscalía, para la Asociación de Magistrados y Jueces. A dos abogados les parece una intromisión
Sin defender a Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, procesado en el caso Metástasis, las voces de preocupación se levantan frente al caso Confourtable. Se habla de intromisión en la administración de justicia.
El precedente de allanar los domicilios de las juezas de la Corte Nacional de Justicia, Enma Tapia y Katerine Muñoz, luego de que concedieran el habeas corpus correctivo, es grave. Eso señala Walter Herrera, presidente de la Comisión de defensa gremial de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces del Ecuador. En entrevista con EXPRESO advirtió que los jueces dictan decisiones motivadas y soberanas.
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Sin embargo, según Herrera, cuando hay inconformidad frente a una decisión de un juez se deben usar los mecanismos de apelación e impugnación. “Lo que hace la Fiscalía General del Estado es una campaña mediática para poner en tela de duda el actuar de servidores jurisdiccionales. Exigimos el respeto a la independencia judicial y a la seguridad jurídica”.
¿Hay debilidad institucional en Ecuador?
Para el abogado Darwin Seraquive, no hay justificación para el accionar de la Fiscalía General del Estado. “Ecuador atraviesa una seria debilidad institucional, por la intromisión del Estado en los órganos de administración de justicia. La Fiscalía cuenta con todas las herramientas para investigar infracciones. Mientras no justifique los allanamientos, considero que hubo una intromisión en la administración de justicia y una violación al principio de independencia”.
Seraquive acepta que hay jueces que están involucrados en investigaciones por corrupción. Pero opina que “todo hace parecer que hubo intromisión en la justicia, ya que los allanamientos se dieron acto seguido de una sentencia que no le era favorable a la Fiscalía”.
Fiscalía se basó en una denuncia anónima
EXPRESO buscó más información al respecto en la Fiscalía General del Estado, pero desde el área de comunicación se explicó que el caso se encuentra en indagación previa. Únicamente ha trascendido que a través del 1800 delito se recibió una denuncia anónima. Por lo que se le pidió al juez del caso, la autorización para allanar despachos y domicilios.
Ayer, entrevistada por medios como Radio Armónica, la jueza Tapia recordó que en marzo le negaron a Terán el habeas corpus a través del que pedía defenderse en libertad. El tribunal constitucional revisó la nueva solicitud de Wilman Terán, que ahora pedía dejar la cárcel de máxima seguridad La Roca.
En esta ocasión le concedieron el habeas corpus correctivo, luego de que el juez de primer nivel ya ordenara que lo pasaran a la cárcel 4. Las dos juezas, Tapia y Muñoz, contó la primera, le consultaron al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) cuál era el fundamento para el traslado. “La abogada del SNAI dijo que el informe era secreto y que estaba ‘en peligro la vida y la sexualidad del señor Terán”.
Sobre el caso, la abogada Annabell Guerrero dijo estar en desacuerdo con la forma en que se le concedió el habeas corpus. “Vulnera el principio de igualdad ante la ley, pues ningún otro PPL tiene esos beneficios”. Pero “creo que es preocupante la forma en que se dieron los allanamientos.
La Fiscalía dice que responden a una denuncia anónima, sin mayores fundamentos. No debería haber visos de arbitrariedad ni de intento de amedrentar a las juezas. No hemos visto esos allanamientos en casos escandalosos, en los que se beneficia a líderes de grupos de delincuencia organizada”.
Más jueces reaccionaron
La jueza Daniella Camacho opinó en su cuenta de X que: “La dureza de la Fiscalía con sus allanamientos debe estar respaldada en hechos absolutamente comprobables para que no se convierta en una persecución judicial. No se puede criminalizar a los jueces del máximo tribunal por simples desacuerdos. La independencia judicial debe respetarse”.
La jueza Alexandra Vallejo consideró “bajo utilizar al hijo” de la jueza Tapia, para afectarla. Esto porque Fiscalía dice que el hijo supuestamente fue contratado en la Presidencia de Wilman Terán. Ella lo niega.
Según la Asociación de Magistrados y Jueces, en el país hay 2.000 jueces que “trabajan de forma proba y con imparcialidad”. “Exhortamos a los poderes del Estado a que se mantenga la independencia judicial para trabajar”.
El 14 de diciembre, Wilman Terán fue detenido por presunta delincuencia organizada. El 20 renunció a la Presidencia de la Judicatura.
